Las cinco personas sobre las que pesa la orden de captura y “congelamiento de bienes” son el presidente de dicha junta, Ricardo Adolfo Villasmil, así como Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares, detalló en una declaración el fiscal, Tarek William Saab.

Para Saab, la decisión adoptada por el juez británico Nigel Teare “no es judicial, sino política”, puesto que el magistrado “se sometió a la postura política del Gobierno británico” que reconoció “al supuesto presidente interino”, en referencia a Guaidó, al que el Reino Unido y cerca de 60 países más consideran mandatario encargado de Venezuela.

El juez británico tomó esa decisión este jueves y también decidió que “no es justiciable” -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad con base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del país suramericano.

El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.

Saab explicó que la Fiscalía también ha solicitado la detención y congelamiento de bienes “a los falsos funcionarios de la denominada oficina del procurador especial” nombrada por Guaidó, ya que considera que los trabajadores de ese departamento “autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio”.