“Los primeros seis meses de vigencia del estado de alarma se caracterizaron por un contexto que agravó las consecuencias de la ausencia de institucionalidad (en Venezuela)”, señaló Provea en un documento de 107 páginas.

“Además, 159 personas fueron detenidas de manera arbitraria, sobresaliendo como perfiles de víctimas los periodistas, políticos y miembros del gremio médico que intentaban cuestionar y visibilizar situaciones irregulares bajo cuarentena”, añadió la ONG.

Indicó que “otras 442 (personas) fueron detenidas en el contexto de manifestaciones en el país” entre marzo y septiembre, cuando se produjeron protestas por escasez de gasolina y retrasos en la entrega de alimentos subsidiados, lo que eleva la cifra total de detenciones denunciadas a 601.

Estas detenciones, concluyó Provea, se produjeron “como mecanismo de disciplinamiento e intimidación de la población bajo la emergencia sanitaria”, para “mantener la primacía de la narrativa oficial para informar sobre la evolución de la pandemia” en el país.