Siendo así que la última, con veinte años de vigencia, que se creyó panacea frente a la centenaria de 1886 ha sufrido más de este número de reformas por medio de actos legislativos que la han convertido en colcha de retazos, carente de vertebración ideológica y en muchas partes de claridad conceptual.

La reciente experiencia en el proyecto de reforma a la justicia, nos dice que el asunto amerita estudio desapasionado, ajeno a intereses políticos y a rencillas del mismo origen.

Cuando se convocó la asamblea constituyente de 1991 mediante el curioso expediente de la séptima papeleta, no se tuvo en mente por la mayoría de quienes la votamos a favor, redactar una carta, sino introducir reformas sustancias a la del 86, superando la imposibilidad comprobada de hacerlo por vías legislativas que venían frustrándose, bien por esos mismos interés, bien por declaratorias de inexequibilidad de la Corte Constitucional. 

Sin embargo, la asamblea se proclamó soberano, declaró en receso al Congreso y terminó revocando el mandato para conformar un nuevo cuerpo legislativo, libre de la dolamas que convertían al actual en una isla de los micos, menos gárrulo, más eficiente y consagrado a su labor.  

No obstante, olvidaron los sabios constituyentes que los congresistas revocados eran dueños de los feudos electorales, los votos cautivos y otras muchas máculas que plagan nuestro sistema electoral. El resultado de los comicios así lo comprobaría con aumentos desconsiderados de dietas, prerrogativas y beneficios. 

¿Qué hacer entonces? Quizá el camino podría ser la convocatoria de una comisión conformada por personajes de las más indiscutibles y reconocida prestancia intelectual y ética, para que concibieran un proyecto de reforma con tal aceptación pública nacional que el Congreso hallase imposible introducirle micos, beneficios personales – mucho menos orangutanes y gorilas y que al incluir en esa comisión respetables constitucionalistas evitara riesgos d inexequibilidad, ¿estoy soñando o poniendo los pies en la tierra?