Bendecidos y afortunados

El mandatario tampoco ha ocultado en sus apariciones en los medios la incomodidad frente a las manifestaciones de algunos columnistas que han puesto en tela de juicio la forma y el propósito de las inversiones calificándolas incluso como despilfarros. En lo local, el escudero de Orozco (el mismo que en otrora fuera de Óscar Barreto) no ha ahorrado esfuerzos en descalificar a los que enmarca y rotula como opositores desde la primera línea de defensa.

Y aunque las explicaciones parecieran suficientes para poner fin a la controversia, aún hay preguntas sin responder.

Si bien el foco de los cuestionamientos recientes ha estado puesto en lo grueso de la contratación, en su mayoría procesos de adquisición de bienes y suministros que se han traducido en más de 13 mil millones de pesos; de lo que poco se ha dicho es de las OPS suscritas de manera directa que parecen haber caído como anillo al dedo para seguir pagando favores de campaña todavía no redimidos.

Así por ejemplo, el 30 de marzo en pleno desarrollo de la crisis y aplicación de medidas de aislamiento preventivo se suscribió el contrato de servicios 0506 con el objeto de vincular un economista para la dirección financiera de rentas e ingresos de la Secretaría de Hacienda Departamental con un plazo de ejecución de 180 días, es decir un promedio de seis meses, por valor de 36 millones de pesos. Lo que en otras palabras se traduciría en una asignación salarial de seis millones al mes. Pero este no fue el único caso. Un día después, el 31 de marzo de 2020, se protocolizó el acto contractual con numeración 0519 y plazo de ejecución de 150 días calendario (5 meses en promedio) cuyo presupuesto fue de 30 millones de pesos, lo que significaría un emolumento de 6 millones de pesos al mes para incorporar un profesional en Administración Financiera que brinde acompañamiento a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El beneficiado en este caso resulta ser un reconocido dirigente político del Departamento.

El 3 de abril para cuando la emergencia iba por su etapa más avanzada, también se incorpora al gobierno seccional una persona jurídica para asesorar la Secretaría de Salud en el marco de la contingencia, con escasamente seis obligaciones por cumplir, una de ellas realizar capacitación a la comunidad, medios de comunicación y personal de salud, parte de las demás de rol asesor. Esfuerzo al que se destinaron 52 millones de pesos para 260 días, algo así como 5 millones 700 mil pesos por mes.

Un poco más a tono con la realidad del momento se contratan también el 3 de abril (Contrato 0542) los servicios de un biólogo experto en salud pública e investigación en virología humana y eventos de interés en salud pública para apoyar la contingencia por Covid-19, a quien según se lee en documento fijado en el portal de contratación pública del estado se le desembolsarán nueve pagos de poco más de ocho millones de pesos, para un total de 73 millones 666 mil pesos.

Y el más reciente refuerzo a la nómina del team "El Tolima nos une" es un economista de apoyo al proyecto de fortalecimiento de la inversión para resultados del desarrollo de la comunidad y el territorio con la gestión financiera y fiscal del Tolima para la dirección de rentas (Contrato 0537 del 7 de abril) por el orden de los 69 millones de pesos, poco más de siete millones y medio de pesos al mes.

A este punto, no encuentra uno coherencia entre los reclamos del Gobernador Orozco al presidente Duque por el traslado de recursos del fondo de pensiones para atender la emergencia, alegando limitaciones de presupuesto en entidades territoriales como esta cuando abstrayéndose de la realidad se contratan servicios y profesionales que a primera vista resultarían no indispensables para el momento.

O cuando siendo necesarios, los perfiles de los profesionales requeridos se tornan tan específicos, como pensados para alguien en particular.

Ahora bien, la otra gran pregunta que habría que hacerse es si las tareas de algunos de estos profesionales que dependen de programas ejecutados por las secretarías de despacho se pueden cumplir a satisfacción, mientras la totalidad de actividades que vinculan la participación de la comunidad están suspendidas.

¿Será que habiendo disminuido la actividad laboral, parte de esas tareas no podían ser asumidas por otros profesionales con menor carga de obligaciones? . Eso para no hablar de los criterios de proporcionalidad de los salarios, cuando un biólogo con experticias muy bien delimitadas recibe ocho millones de pesos y un economista siete.

Seguramente a la luz de la ley todo esté debidamente argumentado, pero ¿es lo correcto?

Ojalá la tarea de los organismos de control sea lo suficientemente rigurosa para acompañar y vigilar preventivamente lo que se siga dando en las próximas tres semanas, pero además que el Gobernador y sus asesores apelen a la sensatez de las circunstancias para que mientras en el país se pierden y congelan puestos de trabajo con salarios mínimos en medio de la crisis, sus actuaciones no dejen la sensación de que aquí la abundancia nos permite pagar profesionales bendecidos, afortunados o consultores de lujo.