PUBLICIDAD
Los anuncios no han sido pocos: ampliación de camas en Unidades de Cuidados Intensivos, habilitación de centros de atención para enfermedades diferentes al Covid-19, adquisición de equipos, en fin toda una movilización en prospectiva frente a escenarios apocalípticos que 30 días después siguen sin materializarse.
En el caso del Tolima, aunque el gobernador Ricardo Orozco dio como un hecho la habilitación de los pisos 2 y 3 de la sede El Limonar para poner en funcionamiento 10 camas de UCI nuevas y 43 camillas de expansión, con una inversión de 4.700 millones de pesos, la realidad es que hoy todo sigue como antes.
Mientras tanto, a la cadena de anuncios se suma uno más, la transferencia de 36 mil millones al hospital Federico Lleras para que ejecute un proyecto que permitiría la habilitación de los pisos 4 y 5 de la sede alterna del centro asistencial con 48 camas de UCI, 46 de hospitalización y tres quirófanos, advirtiendo de paso que sostener la operación del centro clínico costaría cinco mil millones de pesos al mes.
En Ibagué la cosa no es muy diferente. Se habló de habilitar lo que queda en pie del Coliseo de la 42 para atención de pacientes no Covid, de reactivar la clínica Minerva, gestos que de momento no pasan de ser buenas intenciones.
Así, transcurridas más de cinco semanas el Departamento sigue teniendo 215 camas para cuidados intensivos, (aunque según el mandatario seccional son 330) 197 de ellas en Ibagué, mientras el discurso del terror sobre el pico más alto de contagios se dilata y se dilata sin argumento probado.
De las pruebas diagnósticas, ni qué decir, apenas se ventila la habilitación posible del laboratorio de salud pública del Tolima, mientras en el resto del país la queja es ausencia de reactivos.
Entonces si el fin de la cuarentena depende del reforzamiento de la capacidad hospitalaria y de la masificación de pruebas. ¿Cuántos meses más vamos a mantenernos encerrados? ¿Llegará primero la vacuna?
Lo más grave es que la mencionada fase de contención pareciera seguir siendo de alistamiento y quienes sufren las consecuencias no son propiamente los pacientes que adquieren el virus, también muchos crónicos u otros a quienes las enfermedades se les han manifestado repentinamente en medio de la crisis y para los que las EPS han encontrado la excusa perfecta a la hora de justificar demoras en citas y procedimientos. Pareciera que hoy en Colombia no hay derecho a enfermarse de algo más que de Covid-19, ni de recibir atención preventiva, aun cuando los pacientes positivos en su mayoría son aislados en casa y no están en los hospitales donde supuestamente está la capacidad.
Entonces ¿cuál es el camino?, seguir pidiendo paciencia a los ciudadanos y mandarlos a lavar las manos resignados a los anuncios y la paquidermia de los trámites y procedimientos de funcionamiento del Estado en medio de una emergencia.
El punto de quiebre parece estar cerca y no lo marcará como creen actores pro aislamiento cientos de ciudadanos infectados o muriendo de camino a los hospitales sino la bomba social que está a punto de estallar ante la imposibilidad de adquirir el sustento mínimo vital, la pérdida de puestos de trabajo, las deudas no pagadas y la desesperación que se manifiesta en brotes de violencia doméstica.
Ya los ciudadanos hemos hecho lo suficiente aunque haya excepciones, pero no se nota la misma reciprocidad en la acción eficiente y eficaz, principios de la gestión pública.
Comentarios