Menos de 48 horas ejercieron sus cargos y lo hicieron desde la cárcel en la que están confinados como medida preventiva mientras se adelantan las investigaciones en su contra.

Resulta inaudito que el régimen electoral, las actuaciones de las autoridades de control y los mismos ciudadanos al votar no hayan logrado evitar la posesión de delincuentes, no deja de empañar aún más la jornada electoral del pasado mes de octubre.

Tanto los partidos, las autoridades electorales, la Fiscalía y la Procuraduría y los habitantes de los municipios afectados deben preguntarse y dar cuenta de si se obró con la diligencia necesaria. Evaluar si la falta obedece a razones imputables a las autoridades o a los ciudadanos y si existió un afán de colaboración con los elegidos y los grupos armados al margen de la ley.

Entre tanto los municipios y sus habitantes han comenzado el calvario de la interinidad. El alcalde encargado obrará a media marcha pues ocupa el puesto de forma temporal. Por lo anterior, tenderá a tomar solamente aquellas decisiones que mantienen en funcionamiento la administración y los programas vigentes. En el momento en que se inicia un periodo de gobierno se agrava el letargo, pues se le daría continuidad a lo que viene de la administración anterior. Los planes de desarrollo quedan en el limbo.

Así mismo, los principales actores políticos municipales se acomodarán bajo la lógica de que ellos permanecerán en el cargo más tiempo que el encargado. Tenderán a exigir más y colaborar menos. Los vinculados al partido ganador presionarán por imponer el programa de gobierno a su gusto y los demás tratarán de evitarlo pues cabe la posibilidad de nuevas elecciones en corto tiempo.

Sin embargo, esta situación resulta de menor gravedad respecto a la de aquellas autoridades elegidas con similares cuestionamientos, que por no estar privadas de la libertad hoy, rigen los destinos de sus departamentos o municipios. En sus manos se está materializando un siniestro de desviación o pérdida de los recursos públicos y de reorientación del desarrollo económico para el servicio de los negocios personales y criminales.

En este momento se requiere con urgencia imparcialidad y celeridad de parte de los investigadores. En mi condición de coordinador ponente del código electoral, trabajaré para que antes del mes de junio el Congreso apruebe una norma integral que le dé más seguridad a nuestras elecciones  y así garantizar que el proceso democrático sea libre, justo y competitivo.

(*) Senador