Una turbulencia agravada por la orden judicial al Ejército de pedir perdón a las víctimas en un acto público y solicitar al Fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación en contra de un ex Presidente de la República.

La magnitud de lo resuelto, su consecuencia para el funcionamiento de las instituciones, su impacto en las relaciones exteriores, el nuevo equilibrio que genera en la sociedad, la interpretación que trae de la historia reciente del país, tienen que generar un debate del que no puede sustraerse la Rama Judicial, ni los jueces y magistrados en particular.

La legitimidad del fallo y la justificación para generar un revuelo como el que hemos vivido deberá provenir de una argumentación rigurosa y exhaustiva. Lamentablemente las explicaciones que se han oído hasta el momento no ofrecen esa seguridad y además acuden a la idea de que toda crítica o desacuerdo es una afrenta a la muy necesaria independencia judicial.

Grave error es creer que en una sociedad democrática puede haber autoridades que no sean objeto del escrutinio público. En tanto más poder tenga dicha autoridad, mayor su responsabilidad ante la sociedad.

El poder judicial en Colombia ha venido experimentando un proceso de fortalecimiento que es muy necesario y urgente. La debilidad estructural de la Rama favoreció la impunidad y la injusticia a pesar de los heroicos esfuerzos de jueces y fiscales. Esta tendencia se ha venido revirtiendo desde la aparición de la acción de tutela y con ello una mayor responsabilidad y visibilidad ante los ciudadanos. La fortaleza de la Justicia se pone en evidencia en el jaque jurídico que enfrenta el gobierno en temas como el estado de cosas inconstitucional y en las múltiples condenas que se han producido dentro del caso de la parapolítica.

Tanto poder exige visibilidad y crítica. Y esto es aún más evidente cuando se observa en los medios de comunicación, compartiendo titulares con la noticia que comentamos, que se investiga a Magistrados por un carrusel pensional o que testigos en procesos judiciales afirman haber sido sobornados por funcionarios judiciales, para declarar en contra de personas objeto de investigación.

La defensa de la autonomía de los jueces, no puede convertir a los despachos judiciales en espacios donde el Estado de Derecho sólo sea defendible por el mismo juez. Si fuera así, cualquier autoridad jurisdiccional podría afirmar que en el marco de sus funciones el "Estado soy yo", frase acuñada por un monarca absolutista. Además, se desconoce que todas las autoridades son en últimas, personas comunes y corrientes con cualidades y defectos, con formas de entender el mundo e interpretar el derecho.

En la búsqueda por la credibilidad del Estado, todos los servidores públicos debemos rendir cuentas para garantizar la transparencia de nuestros actos y la coherencia de nuestro obrar con las expectativas sociales y el marco jurídico pertinente. El juez como garante de nuestros derechos debe ser el primero en dar ese paso.

(*) Senador