Paralelamente los medios de comunicación anuncian atrasos y cancelación de vuelos, congestión en los aeropuertos y naturalmente la incomodidad de los usuarios y perjuicios económicos.

Es llamativo que en medio de la discusión algunos afirmen que se está dando un caso de “operación reglamento” o de “operación tortuga”, es decir, un cumplimiento estricto de la normatividad. Si el objetivo de la reglamentación aeronáutica es garantizar la seguridad en la prestación del servicio, y cuando aquella se aplica se presentan las cancelaciones etc, se concluye que en Colombia la mayor parte del año estamos volando en condiciones inseguras o bien que hay un exceso de reglamentación que se presta para ser usada como mecanismo de presión o para facilitar la burla de la misma.

Los organismos de control deberían entrar a analizar esta situación pues más allá del conflicto laboral, lo que se observa es una debilidad del sistema que va en detrimento de los usuarios del transporte aéreo y de la economía del país. Cualquier análisis no debe concentrarse en la actividad de la autoridad aeronáutica sino que debe considerar los intereses e incentivos de los funcionarios, los pilotos y las empresas en la perpetuación de un sistema como éste.

Nosotros hemos venido observando con preocupación cómo las condiciones laborales de los pilotos y tripulaciones no se rigen por las normas generales, superando incluso la jornada laboral máxima permitida en Colombia. Esta situación excepcional no tiene una clara justificación y más bien parece una abierta contravención a cualquier norma de prevención de accidentes.

Hay mucho más que garantías laborales detrás de esta discusión. Se trata de saber si el sistema de inspección, control y vigilancia está montado sobre el valor de la expansión de una industria o sobre la seguridad del pasajero que acude a sus servicios.

(*) Senador