Pasaron más de 10 años sin que este mercenario, partícipe de la conformación de grupos paramilitares, asumiera de manera efectiva su responsabilidad y contribuyera además a esclarecer uno de los capítulos sombríos en la historia reciente de Colombia.

La decisión del juez colombiano se erige como un monumento a la impunidad levantado por las acciones y omisiones cómplices del Estado de Israel y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, deberían intervenir con el fin de hacer valer la imprescriptibilidad de estos delitos y condenas de conformidad con el Estatuto de Roma y la jurisprudencia constitucional.

Es increíble que Israel, un país afectado por el terrorismo y que fue capaz de cambiar su Constitución por un día para poder condenar a muerte a uno de los genocidas nazis, no haya hecho más para facilitar que Yair Klein cumpliera su condena.

¿Acaso las atrocidades cometidas por los grupos paramilitares fueron de menor gravedad que las patrocinadas por el régimen nacional-socialista? Unas y otras corresponden hoy a infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.

¿Esperaba Israel que el Estado colombiano tomara una decisión similar a la que en su momento tomó el Primer Ministro David Ben Gurion para capturar a Adolf Eichmann? ¿Esa es la respuesta para un Estado que se ajusta a las normas internacionales y con quien tiene una larga relación de cooperación política y militar?

Y qué decir del Tribunal Europeo de DD.HH. que fue el artífice de impedir la extradición de Klein a Colombia, deslegitimando con su proceder a la Rama Judicial colombiana. Claramente nos ha mostrado esta Corte que hay sentencias, jueces y víctimas de primera y de segunda categoría. Este doble racero, arbitrario e injusto, debería hacernos sospechar de la ecuanimidad e imparcialidad del sistema europeo de derechos humanos.

Por lo demás resulta indignante que en un país caracterizado por la impunidad, una de las pocas condenas resulte ineficaz por cuenta de los mismos tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Colombia debería reconsiderar su negativa de respaldo a la constitución del Estado palestino y a continuar sometiéndose a las evaluaciones de derechos humanos por parte de países europeos, pues las relaciones internacionales y la búsqueda de la justicia se fundamentan en convicciones y reciprocidad. Lamentablemente no estamos viendo ninguna de estas dos cosas.

(*) Senador