Esta es una tensión entre los derechos de los menores de edad a tener una familia y la necesidad de que las penas sean ejemplarizantes como reparación a la comisión del delito y para cumplir con la función de prevención general de la condena.

Recién publicada la noticia los medios de comunicación ironizaban al respecto. Resulta evidente que el primer impacto en la opinión es de desconfianza frente a la medida, su eficacia y de una profunda molestia sobre los “lujos” a los que tendrá acceso.

Lo anterior no es para menos. Todas las salidas de la cárcel del ex Senador Martínez estuvieron marcadas por las críticas, fueron aprovechadas, presuntamente, para participar en política. Ahora se le permite regresar al Valle en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta el Gobernador del Departamento quien es de su misma corriente política.

La desconfianza es mayor si se tiene presente el caso de la ex Representante Yidis Medina, quien recibió el mismo beneficio y está siendo procesada por la Fiscalía porque presuntamente incumplió con esa detención.

La situación se agrava si se tiene en cuenta que la Corte Suprema de Justicia en junio del año pasado señaló que no siempre se puede otorgar el beneficio de la casa por cárcel, si el condenado representa un peligro para la sociedad. En ese caso se negó el beneficio a una mujer que comercializaba drogas ilícitas. ¿Acaso la ley sólo se aplica rigurosamente a personas de menor status, poder o influencia? ¿Qué diferencia hay entre los hijos de unos y otros? ¿La sociedad cree que el asociarse con grupos paramilitares es de menor gravedad que el narcotráfico?

Más vale que el control con el brazalete que anunció el Ministro de Justicia sea eficaz para evitar que se agrave la situación, pero el daño social parece estar hecho en contra de las instituciones y la justicia colombianas.

(*) Senador