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Las protestas generadas en el país a raíz del asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en el barrio Villa Luz de Bogotá, está poniendo en evidencia un profundo descontento de la ciudadanía con el manejo del orden público y ciudadano por parte del policía, pero más profundamente con las políticas económicas y sociales que se implementan, afectando negativamente las condiciones de vida de la sociedad colombiana.
El primer punto que debe quedar claro es que estas expresiones, vandálicas, anti ciudadanas y violentas, no son el producto de acciones organizadas y subversivas que quieren atacar al Estado y al Gobierno imperante en Colombia. No. Estas son expresiones espontáneas, sin dirección partidista alguna, sin propósitos desestabilizadores de mediano o largo plazo, que sólo quieren expresar el cansancio y la frustración de una población con el manejo que se le ha dado a la economía y a la sociedad, con un gobierno incapaz de oír las voces y angustias de los más desprotegidos.
Pero salir a sostener que la protesta es el resultado de fuerzas oscuras que quieren llevar al país al caos, como lo ha sostenido el Ministro de Defensa y algunos otros analistas ultraconservadores, no pasa de ser un mal análisis, donde se le reconoce a esos sectores una capacidad inusitada de organización e influencia, pues debieron hacer que los policías actuaran como asesinos, que el señor Ordóñez asumiera la calidad de mártir y tener una estructura organizativa con alta capacidad de convocatoria y movilización en Bogotá y todo el país. Eso no es así y no lo ha sido ni en el pasado y, esperemos que no lo sea en el futuro.
Al observar los videos de las protestas y hacer el recuento de muertos y heridos de tan trágico accionar, hay una constante que fácilmente se observa: los manifestantes y las víctimas son jóvenes, que se indignaron ante la evidencia del video por el trato dado al abogado Ordóñez, perciben al establecimiento, representado por la Policía, como un Estado corrupto, represivo, antidemocrático y distante, que nada les ofrece. Las razones son múltiples y las cifras lo corroboran.
El desempleo juvenil se ubica en el 29.7% en la medición nacional, con tasas que llegan al 49.8% en Neiva, 47,8% en Ibagué y 34,9% en Bogotá. Esta situación, con algunas variaciones, se ha mantenido a lo largo de este extraño año 2020 y, de conformidad con las tendencias de largo plazo, podrían ser muy similares en el futuro inmediato. Esto quiere decir, que cerca de la mitad de los jóvenes que buscan trabajo no lo encuentran y que las decisiones económicas que toma el Gobierno nacional no reflejan la tragedia de esta juventud sin empleo y sin esperanza. ¿O será que el crédito a Avianca algo le dejará a los jóvenes desempleados?
No hay y no ha habido un interés real para resolver el problema del desempleo en general en el país y mucho menos del desempleo juvenil. ¿Qué podemos esperar de esa población que se siente marginada y sin futuro, cuando lo que observa es un asesinato ejecutado por aquellos que representan al Estado que se ha instituido para su defensa? ¿Cuál es la condición psicológica de una población que no ve futuro y, por el contrario, observa que los recursos de los impuestos son utilizados para ayudar a grandes empresas y a banqueros que no les dan empleo?
Muy probablemente lo único que tienen es una rabia contenida en contra de ese establecimiento económico y político que los margina y empobrece. ¿Cómo no tener rabia cuando las oportunidades de educación y empleo se reducen o eliminan? ¿Cómo no salir a protestar contra ese régimen que no quiere asumir a los jóvenes como parte de nuestro futuro?
Pero la tragedia que han representado las muertes de los jóvenes en Bogotá y Soacha no quita la necesidad de buscar alternativas a esta desafortunada condición de la juventud colombiana e ibaguereña. Tenemos que mirar al sistema educativo, para que este se adecúe a las exigencias del mercado y a las demandas económicas de la sociedad. Si el Estado apoya el acceso amplio a la educación técnica y profesional, una parte substancial de esa juventud desadaptada y con rabia, encontrará una razón de vida y un proyecto futuro de existencia. Pero esa es una opción del corto plazo que solo tiene efectos en el mediano y largo plazo.
En el corto plazo y para los sectores que no pueden acceder a la educación pertinente para el trabajo, tenemos que encontrar otras opciones. Se tiene que reactivar las actividades productivas que generen demanda efectiva de empleo juvenil. En primer lugar, se tiene que reactivar el comercio, que ha sido el sector en que más empleo se ha destruido, especialmente para los jóvenes.
En segundo lugar, el sector de la construcción urbana, pues es demandante de empleo de baja calificación, especial para desempleo juvenil. En tercer lugar el sector de entretenimiento, bares y restaurantes, que de conformidad con las estadísticas ha sido un gran contribuyente a la actual situación de desempleo juvenil.
Si se logra diseñar políticas nacionales y locales de empleo en estos sectores, donde se enfatice la creación de empleos para jóvenes, es posible que la rabia que se sintió por el abuso de la policía en el asesinato del abogado Ordóñez, se pueda canalizar para la creación de un tejido social que proteste pacíficamente ante la injusticia y atropello. Si seguimos gobernando para unas pocas élites de poderosos y corruptos, los jóvenes seguirán buscando un futuro mejor, sin organización ni partido, pero sí con mucho resentimiento.
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