Una decisión riesgosa

Igualmente, se dejó establecido la forma de pago y definido el acuerdo para la realización efectiva de los mismos. Se priorizó, por encima de otras formas, el pago en obras a ejecutarse en el interior del propio plan parcial, obras que, de conformidad con las normas existentes, debieran ser ejecutadas por el municipio, tales como la ampliación de las redes primarias de servicios públicos y las redes arteriales de la estructura vial de esas nuevas áreas.

La acción emprendida implicó que por primera vez se pusiera en práctica el cobro de plusvalía en Ibagué, pese a que había existido reglamentación desde el año 2004 y vuelta a reafirmar en el 2014, pero ninguna administración anterior la había puesto en práctica, generando un detrimento patrimonial a la ciudad de varios cientos de miles de millones de pesos que terminaron en manos de los dueños de tierras urbanas y de los constructores de la ciudad. 

Esa es una opción de análisis que deberían ser los organismos de control los que establezcan las razones de no haber implementado el cobro y de cuánto significó la pérdida para la ciudad. Igualmente, se estableció un procedimiento preciso de la manera como se podría hacer el cobro, procedimiento donde intervienen múltiples entidades municipales, pues es la Secretaría de Planeación quien calcula el cobro, la de Hacienda quien define los beneficios tributarios y la forma de pago, la de infraestructura quien define los diseño y calcula los presupuestos de obra, cuando se permite su pago en obras de carga general en los planes parciales u otros participantes cuando se escogen otros opciones de pago. Este proceso quedó documentado y listo para ser aplicado en todos planes parciales.

A la administración entrante, la administración Hurtado, le quedaba la puesta en marcha del proceso de cobro. La primera acción emprendida fue objetar el pago, con base en una interpretación particular del concepto de carga general, proceso que ha implicado la parálisis del proceso durante los primeros 10 meses del presente año. Ante las reiteradas solicitudes de los promotores del plan parcial, sólo al final de octubre se permitió el pago de la plusvalía del plan parcial, desconociendo el acuerdo de pago realizado con la anterior administración y definiendo que éste se haría en dinero, lo que implica que las obras de carga general, específicamente la malla vial primaria deberá ser construida por el municipio.

Tal decisión, que es legalmente válida, implica que es el municipio, por medio de una licitación pública, quien ejecutará tales obras. El resultado práctico son dos: En primer lugar, los accesos viales al plan parcial quedan en manos de la voluntad política y las prioridades de la administración de turno, haciendo que la integralidad del plan parcial se vea muy debilitada. 

En segundo lugar, los costos y tiempos de ejecución de obra, que son muy estrictos en el sector privado, quedan ahora en manos del sector público, con los riesgos y costos creciente que todos conocemos. Es decir, la actual administración prefirió la opción de clientelizar el desarrollo urbano, por encima de la eficiencia del sector privado y de las necesidades de la población que se asentará en tales proyectos urbanísticos.

Esta es una riesgosa decisión para el desarrollo futuro de la ciudad, pues el sector privado, en calidad de promotor de los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad a través de los planes parciales, no tendría la capacidad de asegurar a sus compradores la calidad urbana que reflejan los documentos del plan parcial y, por contrario, se queda en manos de las prioridades de los políticos de turno, que no tienen responsabilidad directa frente a los compradores de tales proyectos.

Nota al margen. Se realizó la rendición de cuentas de la Alcaldía, la Gobernación y Cortolima, en las instalaciones del patinódromo del parque deportivo, escenario entregado por Jaramillo. Por efecto del invierno y la falta de planeación, la grama del escenario deportivo quedó destrozada. Es un daño costoso para el parque deportivo. ¿Quién paga por este detrimento en bien público?