Transcurrieron las elecciones regionales del 27 de octubre pasado, ya los gobernadores, alcaldes, diputados y concejales tienen las credenciales en las manos y se aprestan a tomar posesión de sus cargos. A partir del mes enero de 2020 comenzarán a ejercer el mandato popular por los próximos cuatro años.
Los ganadores celebraron el triunfo acompañados de sus entusiastas seguidores y los perdedores lloraron solos su derrota. Muchos candidatos perdedores hicieron lo más simple y fácil: buscar afuera las causas de la debacle y a los culpables de su desgracia; pocos tuvieron la entereza de hacer un análisis objetivo y realista que empezara por ellos mismos. De haberlo hecho, seguramente hubiesen encontrado errores y equivocaciones que contribuyeron eficazmente a los resultados adversos.
Decir que hubo corrupción y compraventa de votos es llover sobre mojado. Luego de cada elección, siempre se escuchan comentarios, rumores, y chismes sobre graves actos de corrupción electoral; son pocas las denuncias y escasas las pruebas de tales comportamientos. Finalmente, con el paso de los días la marea baja y las voces se desvanecen como en un pacto de silencio entre cómplices; porque como afirman algunos ciudadanos: Todos hacen lo mismo.
El sufragio universal es una de las mayores conquistas de la civilización humana en la política y el Voto es, sin duda, la esencia del sistema Democrático de Gobierno. Es por esto que la Constitución de Colombia en su artículo 258, señala que el voto es un derecho y un deber de todo ciudadano. Lamentablemente en un sector cada vez más amplio de la población, el voto se ha convertido en una mercancía que se oferta en el mercado electoral y se expone a la ley de la oferta y la demanda.
El país tiene que reaccionar frente a esta cruda realidad que nos convierte en una pseudodemocracia y le resta legitimidad a los servidores públicos que son elegidos en cada debate electoral.
Se hace inaplazable el voto obligatorio con severas consecuencias para el ciudadano que no cumpla con el deber que le impone la sociedad y la Constitución; la financiación de los costos electorales por parte del Estado, incluyendo el transporte de votantes donde sea necesario; la absoluta prohibición de dar comida y refrigerio a los ciudadanos en campaña y elección; el voto electrónico; entre otras medidas urgentes.
Tienen que reflexionar y reaccionar también los ciudadanos que negocian su voto y lo cambian por dinero o por cemento, zinc, manguera, mercados u otras “ayudas personales”, en una práctica nociva que desvirtúa por completo el principio democrático de elegir y ser elegido. Tan responsable es el candidato politiquero que compra el voto como el ciudadano inconsciente que lo vende o lo permuta; ambos merecen no solo el repudio de la comunidad, deber ser investigados y sancionados.
La reforma del régimen electoral es otro pendiente que tiene el establecimiento y que se requiere con urgencia, para que no continúe el proceso de deterioro de nuestra anémica democracia.
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