El 23 de junio de 2016 no sólo quedará grabado en la historia del país sino en la memoria de todos los colombianos. En un hecho sin precedente en la búsqueda de la paz, el gobierno nacional firmó con la guerrilla de las Farc, un acuerdo que permitirá la terminación del conflicto, la dejación de armas y la reincorporación a la vida civil de un grupo subversivo que durante más de cinco décadas sumió al país en una guerra que dejó cerca de seis millones de desplazados y cientos de miles de muertos y desaparecidos.
El acuerdo del fin del conflicto generó múltiples reacciones que polarizaron la opinión en el país y en el departamento, especialmente con la inclusión del Tolima en las llamadas zonas de concentración. Los municipios de Villarrica, al oriente y Planadas, en el sur, fueron elegidas como zonas donde se concentrarán los guerrilleros que se acojan al proceso de paz.
Sin embargo, la decisión genera más dudas que certezas. ¿Cuáles serán las condiciones y parámetros de estas zonas? ¿Quién habrá solicitado que Villarrica y Planadas estuvieran dentro de las zonas? ¿Las Farc, el Gobierno nacional? Desde luego, con esta determinación, los primeros sorprendidos fueron los habitantes de los dos municipios, sus alcaldes y por supuesto el gobernador Barreto, quien con absoluta razón reclamó al Gobierno nacional no sólo la decisión sino la manera arbitraria como fue tomada, sin el consenso y el aporte de quienes se verán afectados por las zonas. Quizá, desde Bogotá sea muy fácil poner el dedo en el mapa sin conocer la realidad social de una región que merece ser escuchada. El gobernador, amigo de los diálogos abiertos y sinceros, inmediatamente viajó a los dos municipios para enterarse de primera mano qué piensan allí de la decisión del Gobierno.
En Villarrica, donde la guerrilla de las Farc fue derrotada militarmente, por sus calles aún se respira el paso de la violencia. La zozobra e incertidumbre persiste en las miradas de quienes resistieron lo peor y entre quienes no saben qué está por venir. Los villarricenses se preguntan por qué tienen que aceptar que regresen sus victimarios a quienes ya habían expulsado de su territorio, no entienden por qué fueron escogidos como zona de concentración, cómo ganaron un sorteo cuya boleta jamás quisieron comprar, por qué el gobierno nacional no los incluyó en el plan 2500, por qué no les pavimentaron la vía Cunday-Villarrica como prometió el entonces presidente Uribe y por qué nunca han intervenido el hospital que está que se cae, al igual que medio pueblo construido sobre una falla geológica. A nadie en el pueblo, ni al alcalde ni a los campesinos ni a los comerciantes se les preguntó. Aquí la orden, como en los tiempos de la democracia representativa, se tomó en Bogotá, olvidando que somos ahora una democracia que participa, que delibera, que opina.
Las palabras del gobernador Óscar Barreto son precisas y encarnan el clamor de un pueblo: “No es una posición que va en contra del proceso de paz, ni mucho menos en contra del presidente. Es una posición que defiende los intereses de las personas que viven en Villarica y Planadas, quienes han tenido que soportar décadas de presencia guerrillera. Es mi obligación como su gobernador, ser su interlocutor y hacerle conocer al país su inconformidad”.
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