Como ocurre con todos los estamentos y colectivos sociales, el periodismo colombiano también está contaminado por la política, el amiguismo y los intereses económicos.
No otra cosa se infiere del último ataque personal que la columnista María Jimena Dussán publica en la última edición de la revista “Semana” contra el Fiscal General de la Nación, el penalista tolimense, Eduardo Montealegre Lineth, quien libra por estos días descomunal batalla contra el presidente Maduro de la Republiqueta Bolivariana, jurando a los cuatro vientos que lo mandará a la cárcel mediante juicio que interpondrá ante la Corte Penal Internacional por violación a elementales derechos humanitarios y flagrante atropello a la dignidad de las personas, reflejado recientemente con motivo de la masiva deportación de connacionales colombianos a quienes ordenó demoler sus humildes viviendas de bahareque y cartón al estilo hitleriano y puso en vergonzosa situación de refugiados sumidos en la más humillante condición de indefensión e indigencia, provocando una grave crisis humanitaria en poblaciones fronterizas con Venezuela.
Pues resulta que ahora doña María Ximena sale a decir que Montealegre es corrupto por contratar juristas de talla internacional y de prestancia mundial como el juez español Baltazar Garzón, a quien la escribidora macondiana califica de lagarto judicial. Tamaño despropósito. Con ese mismo calificativo tilda a brillantes juristas y exmagistrados del Consejo de Estado, llamados a prestar su concurso profesional por el Fiscal Montealegre durante la discusión y aprobación del proyecto constitucional de Equilibrio de poderes que tenía como objetivo establecer nuevos procedimientos de investigación judicial y juzgamiento a funcionarios investidos con altas dignidades del Estado. Con justificada razón la Fiscalía General de la Nación tenía que sentar sus criterios y doctrinas frente a la posición de las altas Cortes y del gobierno y frente a tan delicado tema.
La columnista María Ximena Dussán está que arde en fiebre contra el fiscal Montealegre desde hace más de tres años por éste haber enjuiciado a su íntima amiga Sandra Morelli, por aquel entonces Contralora General de la República, acusada de incurrir en delito de indebida contratación administrativa con personas señaladas de enriquecimiento ilícito a quienes compra un edificio por fastuosa suma transacción que vino a saberse después, gracias a la pronta investigación de la Fiscalía, no valía los tantos miles de millones de pesos que se pagaron, pero si fueron a parar a los bolsillos de la funcionaria de marras, amigota de parrandas, cenas y contratos de la destacada columnista de Semana.
Que coincidencia que esta nueva arremetida de la Dussán tenga lugar en estos días cuando la cúpula del partido Centro Democrático, que lidera el expresidente Uribe acaba de instaurar denuncia contra el Fiscal Montealegre pidiendo su remoción ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por “ser un funcionario indigno de su cargo”, dizque por incurrir en persecución política contra su dirigencia conformada, entre otros, por el excandidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, (financiador del famoso caso Hacker que rastreaba los diálogos de paz de la Habana), a su asesor espiritual, Luis Alfonso Hoyos, asilado en los Estados Unidos y el angelito Luis Carlos Restrepo también judicializado y también asilado por haberse ingeniado la trampita de poner falsos paramilitares en calidad de rendición para que fueran amnistiados por el gobierno de Uribe y se hicieran acreedores a dinero, casa carro y beca, bajo la falsa condición de desmovilizados del supuesto bloque de la Cacica Gaitana.
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