La podredumbre de la podredumbre

Cuyos socios y aliados internacionales son nada más y nada menos, que el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Nordeste (que quedó de los Zetas) y en Colombia algunas disidencias de las Farc y frentes del Eln, es decir, la podredumbre de la podredumbre.

Mismo Clan que tiene el mayor número de combatientes o miembros en armas y cuenta con presencia en 211 municipios del país en los departamentos del Atlántico, Chocó, Guajira, Sucre, Magdalena y Cesar en la Costa Atlántica; así como en Antioquia, Santander, Cundinamarca, Norte de Santander, Quindío, Cauca, norte del Valle, Boyacá y Tolima. Sí, Tolima.

Precisamente, lo sucedido en días pasados cuando el portal Cambio In y su director sacaron a la luz unos señalamientos de supuesta financiación de la campaña del actual alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, hace cuatro años, por parte de dicho cartel sanguinario, y que luego presuntamente fueron pagados a través de la Secretaría de Salud del municipio en contratos, por parte de la entonces secretaria hoy candidata del alcalde Hurtado, dio un giro inesperado, dramático y preocupante al cierre de esta campaña electoral, que como lo había señalado en una columna anterior y varias personas más lo habían dicho, se mostraba liviana e insulsa.

De otra parte, cabe precisar que más allá de la discusión importante, que también debe darse, sobre posible periodismo extorsivo para con los candidatos y que se impongan narrativas mediáticas fletadas por uno u otro bando político, este asunto del Cartel del Golfo posiblemente aterrizando de lleno en la realidad política, administrativa y del poder local debe prender todas las alarmas de las autoridades, la justicia y la ciudadanía, dadas las nefastas consecuencias ya probadas en otras regiones, porque acarrean inseguridad, deterioran la convivencia general y permiten connivencia con el crimen, lo cual siempre lleva al deterioro social de los lugares a los que se les permite su entrada por la ambición de algunos.

Como dice el dicho, una cosa es llamar al diablo y otra que aparezca. Y por eso, si es cierto que se dieron esos acuerdos, pactos y negociados es menester exigir sin medias tintas que se conozca la verdad de quienes lo hicieron y por parte de quienes están resultando mencionados, porque parece que la lista se estuviera extendiendo a otros líderes y personajes públicos del Tolima, según van apareciendo publicaciones y testimonios diarios.

Por lo anterior, es un mal síntoma, que deja muchas sombras y dudas, que no se hayan dado puntual y específicamente las explicaciones, aclaraciones o desmentidos respectivos sobre esto hasta el momento por parte de los implicados. Pero, además, que exista una especie de cómodo silencio de parte de la Policía sobre ello, de la Fiscalía, el CTI, de la Procuraduría y hasta de la Defensoría en el Tolima.

Igualmente, lo es esa especie de silencio pasmoso y actitud mentecata de los Gremios Económicos y su dirigencia frente a un tema tan grave para el presente y futuro de la región. Así mismo, el de la academia, las iglesias, ONG, asociaciones ciudadanas y demás, que lucen como acurrucados y haciéndose los desentendidos.

Mucho que pensar de la mirada hacia otro lado y taparse los oídos de algunos medios de comunicación y periodistas sobre este particular, cuando ese debería ser el tema principal de sus agendas, por la gravedad e implicaciones que tiene, ya sea para corroborar o desmentir, porque estamos a tan solo 14 días de las elecciones.

Es pertinente, por tanto, exigir al Gobierno Nacional, la Policía, la Fiscalía, la misiones internacionales de observación, la MOE y hasta la DEA, que hagan presencia robusta en Ibagué y el Tolima para estas votaciones con un cuerpo especial élite de vigilancia e investigación.

¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar a los políticos señalados y los demás en contienda, así como a los ibaguereños, es blindar estas elecciones y que no se deje tacha sobre las mismas. También, que esa supuesta injerencia del diabólico Clan del Golfo sea desmentida o aclarada.

Óptica periodística