A sus 42 años, luego de 18 años de prisión buscando entre apelaciones y contra apelaciones la conmutación de la pena de muerte, siendo la última instancia la Corte Suprema de Justicia en Washington, Troy Davis recibió la inyección letal ante la mirada impotente de periodistas y activistas que apoyaban su causa, su familia no estuvo presente en la ejecución.

Sus abogados también habían pedido clemencia ante el Presidente Barack Obama, sin embargo, la Casa Blanca siempre ha respetado la administración celosa que los Estados hacen de sus sistemas de justicia, por lo que no se considera apropiado que el Presidente se inmiscuya en estos asuntos, en ese sentido, el perdón tan anhelado por los condenados a ejecución se le atribuye al Gobernador del Estado respectivo.  

Según datos de la ONG, Centro de Información Sobre la Pena de Muerte, este drama lo viven actualmente tres mil 251 personas que se debaten entre la ejecución y el perdón en las diferentes cárceles estatales.

Pese a que no se trata de una realidad extraña en los Estados Unidos, el caso de Davis ha dejado muchos sinsabores, pues al parecer no existían pruebas contundentes de su autoría en el homicidio, ya que siete de nueve testigos que declararon en su contra en juicio se retractaron posteriormente, incluso el reo se ofreció a someterse al detector de mentiras, pero su petición fue rehusada.

Se reabre el debate entre la solidaridad con los condenados, los cuestionamientos al sistema de justicia y la verdadera necesidad de una pena exorbitante.   

Colprensa