En materias de restitución de tierras para aquellos que fueron violentamente despojados de sus derechos; titulación y formalización de la propiedad rural; gestión del recurso hídrico, en particular para pequeños distritos de riego; asistencia técnica; recursos financieros de crédito, microcrédito e incentivos a la capitalización rural; recursos para vivienda rural; consolidación de la ruta del emprendimiento rural; consolidación de las cadenas productivas; apoyo a los grupos poblacionales de jóvenes rurales y mujeres rurales; promoción de zonas de reserva campesina; zonas de desarrollo empresarial; apuestas por la seguridad alimentaria y energética vía agro-biocombustibles como propósitos conciliables, los esfuerzos del actual gobierno son verificables y tangibles.

Esfuerzos que van desde la creación de nuevos instrumentos institucionales (como la Unidad Administrativa de Restitución de Tierras), el mejoramiento presupuestal para inversión, si se toma como base 2010, en Vivienda Rural, Alianzas Productivas, Subsidio Integral de Tierras, Mujer Rural y Jóvenes Rurales, entre otros, y la reorientación en pro de pequeños y medianos productores agropecuarios de instrumentos como el nuevo programa de Desarrollo Rural con Equidad, DRE, que reemplazó al antiguo AIS.    Los instrumentos y esfuerzos arriba mencionados aumentarían sus impactos si se garantiza: 1) su confluencia de manera integral en el territorio, evitando la dispersión geográfica de sus manifestaciones; 2) su sincronización en el tiempo, toda vez que varios se gestionan con el modelo de convocatorias, que se hacen en diferentes fechas, generando un desgaste en las comunidades y en las entidades territoriales; 3) la concurrencia de las entidades departamentales y municipales y sus instancias de decisión en materia de desarrollo rural con las agencias sectoriales del gobierno nacional, en escenarios como los Conseas y los consejos municipales de Desarrollo Rural, que acogen a los gremios y asociaciones campesinas.

De otra parte, resulta necesario para la institucionalidad pública comprometida con el desarrollo rural que el Ministerio concentre sus esfuerzos en robustecer su capacidad de trazado de las grandes líneas de política, evitando entretener su capacidad política y comunicacional en la ejecución directa de programas para el fomento del desarrollo rural. Paralelo a lo anterior, es necesario que las entidades adscritas del sector centren sus energías en la ejecución de esas políticas y no pretendan asumir funciones de formuladoras de las mismas. El Desarrollo Rural trasciende al Ministerio y al Incoder, debe ser propósito que convoque a todas las entidades adscritas al sector obviamente y a las otras agencias del Estado en el orden nacional; es un propósito público interagencial.

Finalmente, las zonas de reserva campesina y las zonas de desarrollo empresarial no son conceptos para agitar banderas ideológicas de fatigosas izquierdas o arrogantes derechas. En ellas deben confluir verdaderos empresarios rurales (pequeños, medianos y grandes) generadores de riqueza económica y capital social y no cazadores de rentas, ni grupos al margen de la ley. Ni un centímetro cuadrado de las tierras productivas y reservas ambientales en Colombia deben ser ajenas a la presencia de la Fuerza Pública institucional. El Desarrollo Rural debe confluir también en la política de consolidación territorial.