Mucho se ha discutido acerca del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que marca el rumbo urbanístico, de desarrollo empresarial y del sector de la construcción en Ibagué.
La ciudad tiende a volverse caótica, las vías no dan abasto a los carros en circulación y los terrenos para construir golpean cada vez más a quienes sueñan con una vivienda popular ubicada en un sector fácilmente accesible. Lo cierto es que los terrenos disponibles en Ibagué, para construcción comienzan a escasear y a subir de precio.
Qué está pasando entonces con el discutido POT. Para empezar a entender el tema es necesario saber que en el diseño del plan maestro de ordenamiento territorial intervienen muchos actores. Por un lado está Cortolima, que debe velar por el sostenimiento del medio ambiente que habitarán los ciudadanos en un futuro cercano.
Algunas personas aseguran, basadas en argumentos legales que la Corporación “solo podrá presentar observaciones de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado con el ordenamiento del territorio, y restringe su accionar a las normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales y demás asuntos técnicos o jurídicos no ambientales”.
De otra parte, están los intereses de los empresarios, que cuentan en sus gremios con mecanismos de lobby suficientes para defender sus intereses ante cualquier otra consideración. Y también hay una visión pragmática y técnica de Planeación Municipal, permeable a influencias políticas, que debe señalar los alcances técnicos del POT en cuanto a temas socio-económicos. Entre ellos se cuentan la densidad de población y el costo de implementación de futuros servicios públicos en caso de autorizar, por ejemplo, construcción de proyectos residenciales ubicados en sitios distantes.
En medio de esta problemática es necesario tener en cuenta que los altos precios de los terrenos en Ibagué no han facilitado la construcción de proyectos de vivienda de interés prioritario (VIP), y esto debe tener una solución del POT. De otra parte, las obras civiles también generan oportunidades de negocio, por ejemplo con la doble calzada Bogotá-Ibagué-Cajamarca. Quizás esta vía impulse un crecimiento de la actividad turística, que debe ser reglamentado.
Este análisis de futuros desarrollos urbanísticos y empresariales, es preocupante aquí y en ciudades como Bogotá. En la capital del país la política del gobierno distrital en temas como la restricción de la venta de agua a localidades vecinas, amenazan la actividad constructora de la región.
El tema no es fácil de dirimir y hay creciente preocupación de los ciudadanos porque estas decisiones del ordenamiento del futuro desarrollo de Ibagué sean técnica y socialmente aceptables, ajenas al interés particular, pero sopesando costos y beneficios en términos democráticos y de desarrollo sostenible.
El alcalde deberá hacer uso de toda la sabiduría de su equipo técnico, de su rectitud, para acertar en bien de Ibagué.
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