Una verdadera polémica ha suscitado la compra de las 825 hectáreas en el corregimiento de Toche por parte del municipio, cuya transacción alcanzó los mil 880 millones de pesos.

Según José Rubén Ocampo, la venta del predio por parte del gerente del Banco Popular, José Héctor Marín Páez, estuvo rodeada de algunas irregularidades como, al parecer, la no visita de funcionarios del Instituto Agustín Codazzi, Alcaldía o el Banco Agrario al predio para su alinderamiento y el reconocimiento de él y su esposa como propietarios de hecho.

En los derechos de petición presentados ante el despacho del alcalde, Luis H. Rodríguez, y las secretarías de Planeación y Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Ocampo, afirma que su ingreso sobre ‘El Cedral’ lo hizo por medio de un perito de la Caja de Crédito Agrario (en liquidación para la época del negocio) y cuya entidad fue la primera poseedora el bien, que en 2006 vendió por un valor de 40 millones de pesos al asesor externo del Banco Popular, Faber Humberto Chavarro.

Chavarro, según reposa el certificado de Tradición y Libertad del terreno, vendió en ese mismo año a Marín Páez los predios, es decir, las fincas El Vergel, La Bella, San Isidro y El Cedral, cada una por 40 millones de pesos.

Ocampo advierte que en ningún momento conoció al gerente del Banco Popular, quien no hizo presencia en el lugar y por ello, asegura, no tuvo conocimiento o posibilidad de constatar que habían poseedores en este sector.

“La queja es que los dueños de este predio vendieron a la Alcaldía y nunca dijeron que hay que reconocerles ni nada, el problema es que me dijeron que me saliera así como un perro, sin nada, y eso no  puede ser así. Estoy peleando es por la posesión del bien”, afirma el campesino.

Hostigamientos

El campesino en los apartes puestos en conocimiento de la Alcaldía de Ibagué, afirma que ha sido objeto de varios hostigamientos por parte de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, encabezados por el guardabosques Marcos Becerra. 

Ocampo manifiesta que en “varias oportunidades ha sido visitado por parte de los funcionarios de la Alcaldía con la intención de quemar su vivienda”.

“Siempre vienen a dañarnos los broches, a botarnos los saladeros y solo dicen que los mandaron”.

La abogada Ana Deidy Vásquez, quien representa los intereses del afectado, afirma que lo que pretende “la Secretaría de Desarrollo Rural es borrar las huellas de la posesión del señor”; por eso a través de los derechos de petición presentados a la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo se advierte de este tipo de actuaciones.

EL NUEVO DÍA consultó al secretario de Desarrollo Rural, Ramiro Arciniegas Lastra, y afirmó que la decisión fue la “de derrumbar cualquier vivienda en área protegida para evitar que invadan el predio”.

Según el funcionario, no existe ninguna persona que habite en El Cedral, a pesar de que hay evidencia gráfica de casas en bahareque y guadua en el sector. Arciniegas afirma que están abandonadas y en mal estado.

Concejal solicita información

La concejal Luz Nelly Arbeláez, mediante oficio dirigido al alcalde Luis H. Rodríguez, el pasado 11 de abril, solicitó al municipio abstenerse de la compra del bien no sin antes hacer claridad de que se hubiese entregado sin perjuicio alguno para la Administración.

La edil pidió que se le informara si al predio antes mencionado se le efectuó la caracterización requerida, como es el plano de levantamiento topográfico, para establecer la superficie del inmueble o si se tuvo conocimiento que los predios afectados estaban ocupados por poseedores de más de 20 años, como es el caso de Ocampo y de más de 14 años como Jairo Arango.  

Así mismo, solicitó explicación del origen legal de los dineros con que se efectuó el negocio y si en el tiempo de la negociación los funcionarios de la Alcaldía establecieron contacto con los poseedores del bien.

EL NUEVO DÍA se comunicó con la edil para conocer la respuesta recibida por parte del Gobierno municipal, en una primera oportunidad la concejal expresó que no se podía pronunciar cuando no existe una certificación  que permita establecer que José Rubén Ocampo sí ha vivido por más de dos décadas en el predio.

Cuestionamientos e irregularidades

La abogada Ana Veidy Vásquez  afirma que la venta del predio hoy denominado El Cedral genera varios interrogantes. Para la profesional no es claro el accionar de la Alcaldía en cuanto a las visitas técnicas que debieron haberse efectuado antes de la venta del bien; tampoco los beneficios directos que trae para el municipio la compra del terreno; que no incidiría en la conservación de las fuentes hídricas del Cañón del Combeima y el acueducto alterno.

“La Alcaldía debe demostrar el interés que representa para el municipio la compra de estos bienes. Tiene que tener un motivo, debe ser de utilidad pública y debe darle un valor político al municipio”, sostuvo Vásquez.

La profesional señala que de acuerdo con las resoluciones 4356 de octubre de 2011 y 4965 de noviembre del mismo año, emitidas por Cortolima, se establecieron los predios que deben ser adquiridos con recursos públicos o provenientes de entidades públicas y privadas, para la recuperación de la cuenca del río Combeima y la quebrada El Guamal.

De las disposiciones, de los cerca de 27 predios con amenaza muy alta, medio alta y media del área del Cañón, no aparecen registros de las fincas El Vergel, San Isidro, La Bella y El Cedral, hoy propiedad de la Alcaldía de Ibagué.

Una fuente que pidió la reserva de su nombre, se cuestionó el por qué la Alcaldía autoriza la compra de esos predios cuando existe una urgencia manifiesta sobre el área del Cañón del Combeima.

Cortolima y la S. de Desarrollo Rural

El director de la oficina de Planeación de Cortolima, Juan Pablo García, afirmó que el 6 de marzo de 2013 se le solicitó a la Corporación emitir concepto sobre el predio hoy de la Administración municipal.

García afirmó que con base en los estudios del Plan de Ordenamiento de Manejo de Cuencas Hidrográficas, en este caso sobre el río Coello, se permitió establecer que el terreno sí se encontraba en zona de área de significancia ambiental para su adquisición. De acuerdo con García, la compra del terreno y la conservación de las fuentes hídricas descritas en las escrituras, no tienen incidencia directa en Juntas, pero sí sobre el río Coello en donde desemboca las aguas del río Combeima.

Por su parte, Arciniegas Lastra expresó que la compra de dicho predio tuvo como justificación  ser una zona amortiguadora del Parque Natural los Nevados y estar inserta en la política de Ibagué Verde que adelanta la administración municipal.

“En esta acción Cortolima va a hacer una inversión en más de 70 hectáreas para reforestación”, dijo el secretario.  

¿Sobrevalorado? 

En 2008 el gerente del Banco Popular, José Héctor Marín, engloba las fincas El Vergel, La Bella, San Isidro y el Cedral. Cada una adquiridas en 40 millones de pesos.

Sin embargo, en siete años su valor comercial superó los dos mil millones de pesos.

Esta redacción consultó sobre el tema al Secretario de Desarrollo Rural, Ramiro Arciniegas, quien expresó que en el cierre del negocio el erario público se ahorró cerca de 30 millones de pesos.

“Siempre buscó el menor precio para ayudar a la Alcaldía y así nos rinda para comprar otros predios”, dijo el funcionario.

Pero para la profesional en derecho, Ana Veidy Vásquez y Ocampo, no deja de generar suspicacias el hecho de que la compra del terreno se haya efectuado en esta administración y no sólo porque el terreno no generaría un beneficio directo para el municipio sino porque. “al parecer existirían intereses escondidos de parte del Secretario de Hacienda, Dr. Mestre, en la compra venta del predio El Cedral, ya que este señor ha sido funcionario del Banco Popular, subalterno del señor José Héctor Marín”.

Consultado sobre esta situación, el secretario de Desarrollo Rural afirmó que “no hay que mirar a quién se le compra, lo importante es que se compre con los requisitos de ley, que se compre con los avalúos y a mí no me parece que una finca de 825 hectáreas por mil 885 millones de pesos, que salga hectárea a cerca de dos millones y medio sea costosa, usted con mil 800 millones no pavimenta un kilómetro de vía”.

EL NUEVO DÍA quiso consultar los avalúos efectuados por el Instituto Agustín Codazzi, Igac, con sede Ibagué, sin embargo, no fue posible ya que al superar el avalúo los mil millones de pesos, el caso fue remitido a Bogotá.

Habla el Secretario de Hacienda

El secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre,  fue enfático en asegurar que su cartera no fiscaliza y autoriza la compra de predios o bienes inmuebles.

Según Mestre, lo único que le permite su posición es conseguir unos recursos cuyas actividades o proyectos en los cuales se emplearán deben estar incluidos dentro del Plan de Desarrollo. Cada secretaría debe pasar una solicitud a Hacienda para el desembolso del dinero, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal del municipio.

El Secretario de Hacienda aseveró que para la compra de este predio se emplearon recursos propios de la actual vigencia recaudados de un superávit .

Mestre aclaró, que para la compra del predio, la transacción se hizo de manera directa entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el interesado, eso sí con el aval dado por el avalúo del Igac que certifica que ese bien no generaría un detrimento para el erario del municipio.

Cuestionado por quién firmó o autorizó el desembolso de los mil 880 millones de pesos con destino a la Secretaría de Desarrollo Rural, Mestre expresó que debía revisar la documentación.

Secretario de Planeación responde 

Juan Gabriel Triana, jefe de la cartera de Planeación, afirmó que su función como jefe del gasto público solo se limitó a verificar la documentación y supervisar que se haya surtido el debido proceso contractual.

El funcionario aseveró que la Alcaldía efectuó el proceso con quien figura sobre la documentación, es decir, el legítimo propietario del predio tal y como lo indica el Certificado de Libertad y Tradición del terreno.

“Nosotros no tenemos porqué informarle al quejoso. Con esa persona (José Héctor Marín) es con quien nosotros iniciamos un proceso contractual. Nosotros no tenemos la obligación de avisarle a cada uno de los vecinos las acciones que se van a desarrollar. Diferente cuando se hace en un proceso de licenciamiento o para la construcción. Este es un predio que se está comprando para reserva, protección y reforestación”, señaló Triana.

Con respecto a la posible no incidencia del predio sobre Ibagué, el funcionario reiteró que las prioridades para la compra de predios las define la Administración y señaló que la ciudad cuenta con 88 mil hectáreas que deben ser adquiridas por el municipio.

De acuerdo con Triana, para la compra del predio en mención, la secretaría de Desarrollo Rural relacionó diferentes terrenos “en los cuales estaría interesado  y vio que la propuesta de José Héctor Marín Páez era una de las mejores alternativas para desarrollar el proceso contractual”, concluyó el funcionario.   

Gerente del Banco Popular afirma que se trata de una extorsión 

Después de haber salido a la luz pública la queja de José Rubén Ocampo, el gerente del Banco Popular, José Héctor Marín Páez, interpuso una demanda ante la Fiscalía por el presunto delito de extorsión.

De acuerdo con Marín, su accionar se justifica en un derecho de petición que le fue allegado a su oficina mediante correo certificado, en el cual Ocampo le solicita se le indemnice los 20 años de posesión que ha ejercido sobre 206 hectáreas de las fincas El Vergel, La Bella, San Isidro y El Cedral.

El directivo asegura que no conoce, ni ha tratado de forma personal al denunciante, máxime cuando él mismo solicitó a la Inspección de Policía de Juntas acompañar la entrega del inmueble en 2005.

En un acta allegada a esta redacción, se verifica que no existen personas que habiten en los predios, pero se deja en claro que sobre el predio El Vergel existe “una casa de habitación en muy mal estado, en abandono, sin puertas y una parte del techo en zinc y otra sin techo. Así mismo, tendidos o cuerdas de fluido eléctrico y cercas de alambre para el cuidado de ganado”.

Cabe resaltar que de acuerdo con la denuncia interpuesta por Ocampo, afirma que se dedica a las labores de la ganadería.

De acuerdo con el directivo, “si fuese cierto que el señor Ocampo tuviere algún derecho real sobre el predio vendido al municipio de Ibagué, esa persona debió o debería acudir ante los juzgados civiles para reclamar sus derechos”, refiere en apartes de la denuncia que resposa en la Fiscalía.

Marín afirma que él mismo envió personal  a verificar que el predio no presentara ningún inconveniente y afirmó que la Alcaldía debió inspeccionar de la misma manera que no existiera personas que se acreditaran como propietarios del inmueble.

“El municipio debió enviar sus supervisores. Uno no puede comprar algo que no conoce. Al igual que yo mandé dos supervisores a recibir el predio”, señaló Marín.

El gerente del Banco Popular considera que “se me quiere obligar mediante constreñimiento ilegal, acoso moral y social a la entrega de dineros o pagos indebidos” cuando según él  todo está bajo la normatividad que exige la ley.

José Rubén Ocampo, quien dice ser residente hace más de 20 años del predio El Cedral, vereda Santa Rita, corregimiento de Toche, afirma que la Alcaldía le desconoció su derecho de posesión sobre 206 hectáreas que ejercía en las fincas El Vergel, La Bella y San Isidro.