La Unión Temporal CAE Ibagué, contratada para la construcción del Centro de Atención Especializada al menor infractor en el sector de La Palmilla, se declaró en insolvencia económica, amparándose en la ley que cobija esta condición.
La Unión Temporal CAE Ibagué, conformada por (EAR Ingenieros Ltda. 79 por ciento - Eduardo José Aldana Robayo 20 por ciento - Vertical Diseños Ltda uno por ciento) con representación legal de Héctor William Báez Ramos, subscribió un contrato por dos mil 96 millones 54 mil 837 pesos para la ejecución de la primera fase del proyecto.
Según Carlos Eduardo Buenaventura, director regional del Icbf, “en enero tuvimos conocimiento de la situación, porque la sede nacional nos informó lo acontecido de acuerdo con una solicitud hecha por el Comité del sistema de responsabilidad penal”
Sin embargo, el actual estado del contratante se conoció durante el Comité departamental sobre la Delincuencia Juvenil, por medio de una circular emitida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nivel Nacional dando respuesta a los avances de la construcción en La Palmilla.
“En la carta se habla de insolvencia económica, obedeciendo a que ha sido embargada parte de las cuentas, eso supone que existen líos jurídicos que le impiden a la empresa realizar las ejecuciones, haciendo que no pueda dar trámite a los recursos”, señaló Enrique Váquiro Capera, secretario de Inclusión Social y Poblacional del Tolima.
Para Váquiro es responsabilidad del Icbf exigir el cumplimiento de las pólizas de garantías y si es necesario entrar a liquidar los contratos, ya que algunos plazos están vencidos, además las obras solo se han ejecutado un 15 o 20 por ciento como máximo, ya que llevan paradas aproximadamente dos años.
Por su parte, el diputado Jairo Forero, afirmó que “esas son las consecuencias de una película de nunca acabar, por el apresuramiento, violando normas legales administrativas al querer hacerlo contra viento y marea”.
También recordó los inconvenientes presentados en Cortolima, al igual que el inconformismo de los habitantes de la comuna Siete y las presuntas irregularidades como la selección de oferentes antes de contar con la autorización del uso de suelos.
Posible inconsistencia
El aviso de la convocatoria pública se emitió el 5 de diciembre de 2012 en la página web de Fonade, la presentación de ofertas fue desde el 7 de diciembre de 2012 hasta el 21 del mismo mes; durante los siguientes días hábiles se evaluaron las ofertas y se publicó la recomendación de aceptación.
Pero hasta el 28 de diciembre de 2012 fue radicado por el Concejo municipal la autorización de modificar y adicionar el uso de suelo institucional a lotes ubicados en la zona rural, denominados Paujil, Belú y La Granjita, acuerdo que luego pasó a revisión jurídica de la Gobernación para luego ser autorizado.
Recursos
Aunque la construcción del Centro de Atención al menor infractor no es responsabilidad de la Gobernación, aseguró Váquiro, desde el 2012 se tiene un rubro destinado para realizar adecuaciones y dotar el lugar cuando esté edificado.
Los dineros corresponden aproximadamente a 150 millones de pesos destinados para el estudio de nuevos planos y ajustes a los existentes, al igual que cerca de 300 millones de pesos para la dotación del Centro de Atención Especializado que, según el funcionario, se han reservado año tras año.
Jairo Forero también manifestó que esta obra ni siquiera cubre la cobertura que tiene el Bienestar Familiar en el Luis A. Rengifo, por el contrario solo haría que queden dos centros de reclusión a los menores infractores del Tolima, generando así una problemática mayor.
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