La baraja de proponentes que contratarían obras del Parque Deportivo

REDACCIÓN - EL NUEVO DÍA
Algunos representantes de las firmas que aparecen integrando los consorcios han tenido cuestionamientos en el pasado.

Un total de tres oferentes presentaron su intención de allegar propuesta a la licitación 05 para la construcción y adecuación de la cancha BMX, Sóftbol y tejódromo, que compromete recursos por ocho mil millones de pesos.

Entre los proponentes se encuentran Consorcio BMX 2015, Consorcio BMX Sport y Dismod IN Explana.

EL NUEVO DÍA conoció quiénes integran cada uno de los consorcios.

Consorcio BMX 2015, la integran C&C Arquitectura e Ingeniería S.A., Río Arquitectura e Ingeniería S.A., y M&A Proyectos S.A.

Estas dos últimas, Río Arquitectura y representada por Federico Cardona Pabón, y M&A Proyectos S.A., de quien es representante legal, Mario Fernando Ospitia Sánchez, hacen parte de la Unión Temporal Manuel Murillo Toro que ejecuta los trabajos de remodelación y adecuación del estadio Manuel Murillo y que ascienden a los 14 mil millones de pesos.

Seguidamente el Consorcio BMX Sport, que lo constituyen las empresas Obras y Diseños S.A., y Almodena SAS. Dismod IN Explana la conforman Dismod Ingenieros Ltda y Explanan S.A.

¿Oferente insolvente?

Este rotativo indagó por cada una de las empresas que conforman dichos consorcios y halló que la firma C&C Arquitectura e Ingeniería S.A., se encuentra vinculada al escándalo en la construcción del Edificio Vida en Cali.

En una búsqueda por la web, el periódico El País de Cali en su edición del pasado 8 de febrero de 2015, resalta que la imponente estructura de dos torres de 11 pisos y que alberga 300 consultorios médicos, “afectó a un centenar de empresas inversionistas que pusieron su capital a disposición del proyecto y que una vez terminado se encontraron con que el constructor se había declarado insolvente para cancelar todas las deudas”.

El proyecto costó mil millones de pesos y lo ejecutó C&C Arquitectura e Ingeniería S.A., los consultorios se vendieron en su totalidad.

Sin embargo, C&C “se declaró ante la Superintendencia de Sociedades en Ley 1116 o de Insolvencia, son 519 las obligaciones vencidas con 120 acreedores y que suman una deuda superior a los $104.600 millones, incluidos $55.000 millones que se les adeuda a sociedades que también figuran a su nombre”, refiere El País.

El lío jurídico, al parecer, se originó porque el contratista modificó el diseño original que preveía la construcción de otra torre para un centro comercial y se cambió a una clínica “lo que redujo los ingresos y aumentaba los gastos para la implementación y dotación de la misma; pero para entonces (C&C) ya estaba en mora con algunas obligaciones y se desencadenó una suerte de pánico económico que dio al traste con toda probabilidad de poner en funcionamiento la clínica”.

El País señala que el representante legal de C&C Arquitectura e Ingeniería S.A, era Jaime Cardona Canal. Sin embargo, en los papeles entregados al Imdri donde consta la constitución consorcial de BMX 2015, la misma empresa aparece a nombre de César Augusto Estrada Ramírez, de quien no se tiene mayor registro de contratación efectuada en una búsqueda por internet. ¿Jugada maestra?.

Cardona Canal en entrevista al periódico El País, argumentó que “la decisión de entrar a Ley 1116 fue justamente para “blindar” el dinero de la gente y su patrimonio”.

Añade que con la venta de la clínica, en obra gris, se garantiza el pago de las deudas.

Para el caso de Ibagué, se conoció que C&C Arquitectura e Ingeniería, participa y responde con un 20 por ciento, M&A Proyectos con un 30 por ciento, y Río Ingeniería con el 50 por ciento en dicho consorcio.

Es de destacar, que estos últimos responden solidariamente ante eventualidades que puedan afectar la ejecución de las obras y comprometer los recursos, contrario a las Uniones Temporales.

Del cartel de contratación

EL NUEVO DÍA indagó sobre los antecedentes de Obras y Diseños S.A., y Almodena SAS, que conforman el Consorcio BMX Sport.

En noticia publicada por el diario El Tiempo el 10 de febrero de 2013, se encontró que Carlos Augusto Ramírez Gómez, representante legal de Obras y Diseños S.A., supuestamente estaría vinculado al “carrusel” de la contratación en Bogotá, que involucró al hoy condenado contratista Julio Gómez.

Dice la noticia “Ramírez es un joven constructor, representante de Obras y Diseños S.A. Esa empresa aparece en los consorcios con los que Julio Gómez se ganó varios contratos”.

Este medio intentó consultar más hechos relacionados de Ramírez Gómez con el “carrusel de contratos” sin obtener información. La noticia publicada por el diario Nacional referenciaba a Ramírez Gómez como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá.

De otra parte, Almodena SAS y cuya representante legal es Olga Lucía Méndez Mora, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues), constituyó esta empresa el 24 de junio de 2014 con un total de tres socios.

En una búsqueda rápida a través de internet, Méndez Mora no registraría ejecución de contrato de envergadura en obras de ingeniería civil, edificios residenciales y no residenciales como lo establece las actividades económicas que desarrolla la empresa.

¿Empresa sancionada?

 En cuanto a la Unión Temporal Dismod IN Explanan y de la que hace parte Dismod Ingenieros Ltda, figura como representante legal Hugo Hurtado Hurtado. La empresa tiene domicilio en Valle y dentro de los contratos registrados en el portal de contratación, está la adecuación y mantenimiento de campos deportivos de la base naval ARC de Málaga (2011) y la pavimentación de barrios en menor cuantía en Buenaventura.

Sin embargo, en sentencia de la Corte Constitucional T-190/99, el alto Tribunal ordenó a la empresa Dismond Ingenieros Ltda, resarcir y construir a la señora Fluvia Rentería de Hurtado su vivienda, quien alegó mala ejecución de obra por parte de la empresa en el contrato “canalización de la quebrada La Chanflanita”.

Como lo registra el RUES, la misma firma aparece registrada como constructor bajo la razón social Dismod Ingenieros Ltda en 2009.

En cuanto a Explanan S.A., empresa de Medellín que acredita 125 empleados de acuerdo con el RUES, registra contratos con Invías y Gobernación de Antioquia entre otras. Su representante legal es David Alberto Aristizábal Zuluaga, quien en la vigencia anterior se adjudicó un contrato por tres mil 12 millones para el mejoramiento y mantenimiento de la carretera Ocaña - La Ondina - Llano Grande, en Santander. 

Durante la audiencia de riesgos

El asesor legal del Imdri, Orlando Arciniegas, informó ayer que durante la asignación de riesgos, se optó por acoger la petición efectuada por el consorcio BMX Sport de ampliar la experiencia específica, incluyendo la acreditación de un escenario deportivo igual o de mayor magnitud que los que se van a construir.

“Es racional para un proyecto como este”, indicó Arciniegas.

Una de las preocupaciones expuestas por los oferentes fue la tala de los árboles que podría generar traumatismo para la entrega de los trabajos.

Arciniegas aseveró que esta responsabilidad la asumirá la empresa ganadora de la licitación 026 en la intervención de cinco escenarios y que tendrá la ejecución de los 73 mil millones de pesos, de acuerdo con los permisos ambientales autorizados por Cortolima. El abogado indicó que esta será una de las primeras tareas que deberá asumir el contratista y que mañana se decidirá quién ejecutará las obras. 

Credito
IBAGUÉ

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