El ente disciplinario indicó que Corral llevó a cabo una invitación privada a una persona natural o jurídica para la ejecución de un contrato de consultoría que tenía como fin adelantar los estudios técnicos para desarrollar el proyecto, el cual se declaró desierto al expedirse la resolución número 014 de 2012.

Sin embargo, a través de resolución número 211 del 3 agosto de 2012 se ordena la adjudicación para la ejecución del contrato de consultoría, incumpliendo así los requisitos formales que requiere este tipo de contratación.

“Con su proceder Corral Albarello, al parecer, transgredió los principios de transparencia, responsabilidad e imparcialidad orientadores de la contratación estatal y contenidos en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007”.

El personero municipal, Juan Felipe Arbeláez dijo que en el expediente del caso pesa material probatorio bastante “delicado” que también salpica a Fuertes, asesor jurídico de entonces, pues al haber otorgado concepto favorable y dar visto bueno en el proceso precontractual y adjudicación, conllevó al presunto incumplimiento del deber legal contenido en el decreto número 0734 del 13 abril de 2012.

El personero dijo que ahora los involucrados tendrán “una oportunidad procesal en defensa de sus derechos para que controviertan las pruebas, luego tendremos un tiempo prudencial para analizarla y así tomar unas medidas sancionatorias o de cualquier otra índole”.