S.I.) por más de $2 mil millones para la vigencia 2018, la jefe de la cartera de Salud de Ibagué, Jhoanna Barbosa, y el gerente de la U.S.I., Diógenes Salazar, salieron al paso de lo expuesto y defendieron su gestión al mando de la Unidad de Salud.

La secretaria sostuvo que en efecto se evidenciaron observaciones de todo tipo por parte del ente de control de las finanzas públicas; no obstante, dicha situación no haría parte de algún proceso de corrupción al interior de la Unidad de Salud.

“En ningún momento estos hallazgos son producto de algún proceso de corrupción al interior de la U.S.I., si bien la Unidad funciona con recursos del Estado y de la Alcaldía, todos los procesos que se han hecho de fortalecimiento tienen el fin de poder mejorar la calidad de los servicios de la población”, acotó Barbosa.

Hallazgos

Frente a los hallazgos de carácter administrativo, la funcionaria señaló que el 100% hace parte de un presunto incumplimiento de estampillas procultura y proanciano, que para la U.S.I. no serían exigidos con base en dos proyectos de acuerdo emitidos por el Concejo de Ibagué en 2011.

“La U.S.I. no procedió a hacer el cobro amparado en un marco normativo y en este acuerdo del Concejo”, sostuvo la funcionaria.

Asimismo, aseveró que los hallazgos disciplinarios corresponderían a algunas debilidades en los procesos de supervisión a algunos contratistas y personal del área asistencial que están trabajando en el proceso de implementación del modelo en el área rural. Misma situación ocurriría, según los funcionarios, con las observaciones de presunta incidencia penal.

Se comprometen a un Plan de Mejoramiento

El gerente de la U.S.I., Diógenes Salazar, señaló que a raíz del proceso de fusión de se tuvo aún se continúan ajustando muchas actividades administrativas para que se puedan subsanar las dificultades.

“Es lo que estamos desarrollando en las acciones de mejoramiento para que eso no vuelva a suceder, dentro de ese proceso normal de respuesta a las observaciones de la auditoría, la entidad se compromete a la suscripción, adopción y ejecución del plan anual de mejoramiento que debe ser validado por la dirección del control fiscal de la Contraloría”, señaló Salazar.

Nómina laboral

Frente a la alerta que emitió la Contraloría por el pasivo laboral que aún no se había hecho efectivo con algunos trabajadores, Barbosa, indicó que para corte de 31 de diciembre de 2018, esta cifra ascendía a más de $2 mil millones por el tema de la fusión, que arrastró las deudas del Hospital San Francisco, que a la fecha ya está saneado, pero que está expuesto en el informe de la Contraloría por tratarse de un tema del año anterior.

“Esta observación está totalmente saneada porque la Alcaldía hizo un traslado de recursos principalmente para sanear el pasivo laboral que a la fecha está saneado”, acotó Barbosa.