En su momento, la entidad suscitó un hallazgo con incidencia fiscal, producto de una auditoría realizada con vigencia del 2015, al considerar existía una gestión ineficiente ante la falta de estudios para determinar el valor de cada libro que tuvo un costo de $250 mil (unidad), pese a no tener ningún reconocimiento cultural o de su autor, que pudiera elevar este costo.

No obstante, en el fallo se reseña que si bien se establecieron unos criterios que el equipo auditor consideró como sobrecostos, “estos resultan escasos”, pues no se pudo determinar a ciencia cierta el monto de estos libros al ser una obra inédita.

“No existen pruebas contundentes que conduzcan a la configuración de este elemento a saber (...) los elementos estructurales del hallazgo carecen de pruebas que los sustente”, reseña el fallo.

El documento además desvirtúa la “destinación incierta” que tendría el material y que quedó expuesto en la auditoría de 2016, toda vez, que los libros estarían cumpliendo su objeto contractual y reposan en las bibliotecas públicas del municipio.

Con estas razones, la Contraloría controvirtió lo expuesto en la auditoría hecha por la misma entidad, al no existir en la actualidad “elementos que conlleven a determinar con certeza detrimento patrimonial alguno en este caso”.

En total, el presunto detrimento que evidenció la auditoría de la entidad era de $250 millones. Esta redacción se comunicó con Ariel Augusto Medina, quien indicó que este fallo debe pasar al grado de consulta; sin embargo, no se conocieron más declaraciones.