Los líos de la funcionaria tuvieron lugar luego de que manera inicial se considerara que no se había dado respuesta a un derecho de petición impuesto por la apoderada legal de la empresa de seguridad Aguialarmas, quien pedía explicaciones en un proceso contractual realizado por esa cartera.

Sin embargo, los abogados de la titular de la cartera de educación, impugnaron la decisión alegando que sí se dio respuesta, misma que casi dos meses después fue complementada con más información.

Tras lo expuesto, el Juzgado consideró que se dio respuesta al fallo, pese al retraso considerable y señaló que es un hecho superado.

“Si bien presentó un retraso considerable en el cumplimiento del fallo de tutela pues entregó hasta el día de hoy (1 de octubre) los soportes documentales que requería la peticionaria desde el 1 de julio de 2020, a la fecha ha dado cumplimiento completo, entregando una respuesta de fondo a través de su dirección electrónica de notificaciones, y de esta manera se está frente a un hecho superado, por lo que el pronunciamiento del juez ha perdido su finalidad respecto de dicha pretensión y por ese motivo se revocará la sanción impuesta”, indicó el Juzgado.