Aunque es un derecho esencial para alcanzar un nivel de vida digna, miles de personas en Ibagué no han contado con agua potable por mucho tiempo y otros miles han tenido un servicio insuficiente. Es cierto que el suministro ha mejorado en los últimos años, pero sigue siendo un dolor de cabeza que la Alcaldía, en diferentes gobiernos, no haya resuelto.

Ya en noviembre de 1992, en su primera edición, el periódico El Nuevo Día daba cuenta de los continuos cortes de agua y las inversiones que se anunciaban para intentar solucionar un problema que hoy continúa vigente: cuando aumenta la turbiedad del río Combeima, se debe suspender la captación de la bocatoma e Ibagué, en buena parte, se queda sin agua.

Un primer esfuerzo, según se señala en la nota titulada ‘Agua pasó por aquí…’, fue la construcción de un sistema de captación subsuperficial que, a pocos meses de inaugurado, el invierno comprobó la deficiencia de su funcionamiento. Con el taponamiento de los filtros instalados debajo del río, el caudal pasaba de mil litros por segundo a solo 100.

Años después, se contempló la posibilidad de construir un embalse que permitiera garantizar el agua de manera permanente e incluso se anunció la creación de una alianza público privada, pero el proyecto se quedó en el papel. Las opciones se barajaron y el problema se mantenía.

Con el tiempo, Ibagué empezó a hablar de una obra que se convertiría en emblema: el Acueducto Complementario. Desde que fue ideado, hace más de 20 años, es uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad, que promete suministrar agua potable a miles de personas del sur y tener la disponibilidad de servicio para un millón de personas en un futuro.

El proyecto, de pe a pa

En concreto, el Acueducto Complementario es una fuente de abastecimiento alterna del río Cocora, pensada para garantizar la continuidad del suministro en Ibagué para cuando la bocatoma Combeima tenga altos niveles de turbiedad.

En principio, la empresa Estudios Técnicos S.A. fue designada para determinar entre los cauces de los ríos Cocora, Bermellón y Toche cuál era el más apropiado y se seleccionó el primero. En 1994 iniciaron los estudios y fueron actualizados en seis oportunidades entre 1995 y 1997.

Se produjeron 30 tomos con las memorias de cálculo y más de 170 planos, material que avaló el Gobierno nacional con base en los estudios presentados. Así pues, se determinaron las obras a ejecutar, el presupuesto a emplear y se estableció el cierre financiero con responsabilidades para el propio Ministerio, el Municipio (incluido el Ibal) y el Plan de Aguas Departamental.

Según los estudios, en el sector de Coello Cocora se previó ubicar la bocatoma en el cauce del afluente, establecer una línea de conducción de 12.5 kilómetros hasta la planta de tratamiento en alto de Boquerón con una capacidad de 800 litros por segundo y la construcción de un tanque de almacenamiento y distribución. El agua sería distribuida por gravedad.

Las obras civiles de captación empezaron a construirse en 1997, durante el Gobierno de Álvaro Ramírez, con una primera inversión en las estructuras iniciales de la bocatoma y desarenadores. Se esperaba que el proyecto estuviera concluido en 2001, pero las obras no continuaron.

Durante la segunda Administración de Rubén Darío Rodríguez, el proyecto se presentó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial buscando su cofinanciación. Una vez revisadas las actualizaciones y ajustes, en febrero de 2007 fue viabilizado en sus aspectos técnico, económico, financiero, ambiental, social e institucional.

Con el visto bueno del Gobierno nacional, el Ibal abrió la licitación pública ese mismo año para la terminación de la construcción de la bocatoma y desarenadores. Estas obras se ejecutaron en su totalidad entre diciembre del 2007 y diciembre del 2009.

Vale decir que en septiembre de 2008 se determinó que se requerían mayores recursos para el proyecto y un ajuste al Plan Financiero del mismo, que incluía la compra de 12.6 kilómetros de tubería, la adquisición de predios, servidumbres y obras de urbanismo para la planta de tratamiento de agua potable de Boquerón.

A través de subasta inversa, el gerente del Ibal, José Alberto Girón, compró en 2009 la tubería a la firma American Pipe y al año siguiente el Ibal recibió el aval para iniciar el proceso de licitación para contratar la instalación de los primeros 4.7 kilómetros de conducción, correspondiente a la fase uno.

En principio, ese proceso se publicó por un valor de $3.970 millones, pero en junio de 2010, con el ingreso de Libardo Gutiérrez a la Gerencia del Ibal, se suspende la licitación y con su visto bueno, el alcalde Jesús María Botero solicitó una nueva reformulación del proyecto, que fue aprobado en marzo de 2011 por el Ministerio de Vivienda.

A partir de estas nuevas modificaciones del proyecto, se dio apertura a un proceso licitatorio para la adjudicación del primer tramo de línea de conducción, ya no por $3.970 millones, sino por $6.296 millones con el consorcio Acualterno, firma que después solicitó una adición presupuestal por más de $10.000 millones para actualizar los diseños.

En octubre de 2015, durante el gobierno de Luis H. Rodríguez, se firmó el acta de terminación y liquidación anticipada por mutuo acuerdo del contrato, sin haber culminado las obras. Acualterno reclamó que se le debían pagar más de $8.000 millones, pero finalmente el Ibal solo reconoció $1.770 millones. Fue tanto el enredo con ese proceso que el entonces gerente del Ibal, Carlos José Corral, dijo que firmar el acta fue “como quitarme un ancla del cuello”.

Obras y proyecciones

En 2012, el Ibal contrató una consultoría para revisar y actualizar los estudios originales del acueducto elaborados por la firma Estudios Técnicos entre 1995 y 1997. Este contrato fue adjudicado por $796 millones a IEH Grucón Profinvest, firma que sugirió la priorización de una serie de obras tanto en el corto como en el mediano plazo. Entre sus observaciones está que la planta de tratamiento en Boquerón no era requerida en el corto plazo.

Con base en estos dos diseños, el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo firmó dos contratos. El primero se suscribió el 29 de diciembre de 2017 por $27.442 millones con el Consorcio Acueducto Ibagué 2017 para la construcción de la primera etapa de la segunda fase del proyecto, que tendría plazo inicial de 12 meses, pero con cuatro prórrogas y varias adiciones pasó a casi 28 meses y un costo total de $42.822 millones.

Al respecto, la gerente del Ibal, Sandra Liliana García, dijo hace más de dos semanas que las obras no terminarían en diciembre ya que quedarían sin intervenir aproximadamente 1.2 kilómetros de los 19 comprendidos entre la bocatoma Cocora hasta la planta de tratamiento de La Pola.

El segundo contrato se firmó el 5 de julio de 2020 por $12.487 millones con la empresa Montajes J.M. S.A. para la construcción de la segunda etapa de la segunda fase. Aunque tenía un plazo inicial de seis meses, se le hicieron dos adiciones y dos prórrogas para un valor total de $16.819 millones. Este contrato se entregaría en el primer semestre de 2021.

El alcalde Andrés Hurtado ha mostrado su desacuerdo con suministrar el agua a los barrios del sur a través de bombeo desde la planta de La Pola y anunció que se contratará una consultoría para obtener los estudios y los diseños de una planta de tratamiento, un tanque de almacenamiento y la interconexión con los 17 acueductos comunitarios para proveer el líquido por gravedad.