Gran revuelo causó el regreso del mandatario titular de Prado, Álvaro González Murillo, a su cargo tras estar seis meses en detención domiciliaria. Muestra de ello, son los fuertes cuestionamientos de varios concejales y, del hasta ayer, alcalde encargado Francisco Godoy.

A lo que se le suma la recolección de firmas por parte de la ciudadanía para pedirle a diferentes entes de control una intervención y vigilancia especial al municipio.

Hallazgos de la Contraloría

Cinco de los nueve concejales que integran la Corporación hablaron de los 28 hallazgos administrativos que reportó el ente de control sobre la vigencia en 2017, de este número 10 tienen alcance fiscal por $112 millones 286 mil, ocho son de carácter disciplinario y uno es penal.

En el informe se explica que la gestión de la Administración municipal en temas de contratación es ineficiente.

Asimismo, que según el portal web de procesos contractuales, el año anterior la Alcaldía reportó la celebración de 223 contratos que sumaron $3 mil 535 millones. De esta cifra, mil 359 millones 427 mil fueron por prestación de servicios y mil 302 millones 014 se ejecutaron a través de convenios.

Uno de las inquietudes de la Contraloría fue que “el 24% del total de los contratos celebrados durante el 2017, los cuales suman mil 209 millones de pesos” fue con los proveedores Sherdalo Obras y Servicios S.A.S. y Asociación Danylor Logrando Renovación para Colombia.

Entidades que tienen como punto en común a Sandalio Lozano Campos, quien en Sherdalo es el propietario y representante legal y en Danylor es miembro de la junta directiva, hecho que le genera duda al ente de control sobre la selección con objetividad y transparencia.

Con respecto a esta última, según el concejal Carlos Orjuela, estaría siendo manejada por “un pariente del señor Alcalde (González Murillo)”.

Agregó que con las dos entidades se contrató todo los servicios que necesitaba el municipio “reforestaciones, compras de medicamentos, papelería, ninguna otra entidad se podía presentar (en licitaciones) porque era rechazada por la Administración”, precisó.

Varios servicios en dos entidades

Con Sherdalo se contrató la adquisición de muebles y enseres con destino a la biblioteca, el suministro de elementos de ferretería con el fin de adecuar unidades sanitarias, también, implementos deportivos, las obras de reposición de un tramo de alcantarillado en el sector Puerto El Medio del municipio, entre otras obras.

Uno de los hallazgos en este contrato es que en la auditoría no se entregaron los soportes del pago de seguridad social de los empleados, tampoco se encontraron “los pagos de Industria y Comercio, sobretasa bomberil, estampillas procultura y adulto mayor”, precisó la Contraloría.

Situación que fue corroborada por los cabildantes.

Al preguntarle al concejal Orjuela, si en su momento hicieron control político, indicó que la bancada de Cambio Radical, integrada también por los cabildantes Angélica Ramírez y Jorge Ramírez, pusieron varias denuncias ante la Procuraduría y Contraloría, entidades que de manera “lenta” se han pronunciado al respecto.

“Como vocero de Cambio Radical la preocupación es grande porque encuentra unos recursos libres, como el presupuesto para 2019 (trazado en $10 mil 641 millones) y recursos cercanos a mil 500 millones de pesos que serán girados por la Ocad, dineros que están libres para entrar a contratar el próximo año.

“Dejamos en claro que no estamos de acuerdo y le estamos diciendo a la Procuraduría que por favor actúe para que controle lo que viene pasando en la Alcaldía de Prado”.

De otra parte, el partido Aico, también se unió al desacuerdo del regreso del mandatario González Murillo, así lo expresó el cabildante David Bahamón, “hemos visto muchas irregularidades, la Contraloría ha dado unos hallazgos, en donde vemos que a los recurso públicos les han dado un mal manejo y no vemos beneficios para el municipio”.

En cuanto al ejercicio de control político, el cabildante agregó que los funcionarios “irrespetaron el Concejo, presentaban diferentes excusas y si llegaban en algún momento a la Corporación, entregaban la información completa”.

Bahamón añadió que con el cambio de Alcalde, accedieron a datos y tener soportes para adelantar las denuncias.

Alcalde titular se defendió

Por su parte, el mandatario Álvaro González Murillo, que estuvo bajo medida de aseguramiento domiciliario por presuntas irregularidades en la declaración de una urgencia manifiesta, indicó que desde ayer regresó a la administración y que las críticas que provienen tanto de partidos opositores como el de La U, al que pertenece, se debe a que los mandatarios que estuvieron por encargo durante los últimos meses, hicieron “planes porque pensaban que terminaban el gobierno en 2019 y una de las estrategias fue enlodar mi buen nombre, denunciándome ante los diferentes entes, porque sencillamente, no me podía defender estando privado de la libertad. Cuando el ‘gato no está los ratones hacen fiestas”’.

Agregó que tiene todas las evidencias para desvirtuar los más de 20 hallazgos que hizo la Contraloría departamental.

“El (hallazgo) penal va con la Fiscalía, el día que vaya, tenemos cómo demostrar, almacén demostró que los elementos están”.

En cuanto a Sherdalo y Danylor, comentó que todos los procesos fueron licitados y están en la página web de contrataciones, “yo le hago una pregunta a Ricardo Reinoso que estuvo tres meses en la Alcaldía y generó 10 contratos de mínima cuantía y se los dio a una misma empresa”.

Sostuvo que es lógico que una empresa se gane la acreditación y “en los procesos licitatorios lleve una ventaja a diferencia de otras”.

En cuanto a Godoy también indicó que en dos meses generó alrededor de siete contratos que terminaron en una misma entidad, “que ellos mismos no se contradigan, desafortunadamente están en la misma condición, cuando uno tiene rabo de paja no se acerca a la candela y ellos lo que han querido es enlodar mi nombre”.

Y a la pregunta si en las empresas cuestionadas laboran algunos de sus familiares, respondió “para nada, los representantes legales no son familiares míos”.

“Un caos administrativo”

Francisco Godoy, quien pertenece al partido de La U, hasta ayer fue alcalde encargado de Prado, tras el retorno de González Murillo.

Al preguntársele cómo encontró la administración a su llegada el 13 de septiembre, la definió como un “caos total desde el punto de vista administrativo y financiero, una desorganización total”. Agregó que una vez en el cargo, se enteró de un número considerable de infracciones cometidas por la Administración, situación que fue ratificada por la Contraloría Departamental.

“El detrimento patrimonial por más de $112 millones significa una tragedia para un municipio tan pobre de sexta categoría, en donde falta todo por hacer”.

Añadió que la Administración de González Murillo tampoco quiso hacer acuerdos con el Gobierno departamental, lo que privó, en su concepto, a los habitantes de progreso social, “no tenemos acueducto, ni alcantarillado, las vías están colapsadas y los colegios sin protocolizar escrituras”. Otro de los contratos a que hizo referencia Godoy fue uno por $340 millones para la atención del adulto mayor y aunque en la Tesorería aparece que se canceló más del 90%, los trabajadores denunciaron ante la Personería que les adeudan varios meses de pago.

Firmatón

En medio de todo este panorama, algunos ciudadanos de Prado al escuchar sobre el regreso del mandatario procedieron a recolectar cerca de 200 firmas para anexarlas a una solicitud que se hizo a Presidencia de la República, Gobernación del Tolima, Contraloría y Procuraduría para expresar su preocupación por la “sospechosa revocatoria dictada por el distinto o nuevo Juez del Circuito del Guamo a favor del burgomaestre”, agregan que González Murillo “no es una persona idónea, ni apropiada, para manejar la Administración”.

Uno de los ciudadanos que habló con esta redacción, añadió que a González Murillo no se le debe olvidar que llegó a la Alcaldía con el apoyo de Francisco Godoy.