Como un hecho grave calificó el defensor del Pueblo del Tolima, Miguel Ángel Aguiar, la decisión de nulidad de la acción de tutela que definía acciones ante el hundimiento de algunas casas en Villarrica.

La Gobernación del Tolima, fue quien apeló la decisión que meses atrás había ganado la Defensoría del Pueblo, y que generó que las autoridades nacionales se trasladarán hasta el municipio para conocer la problemática.

La nueva decisión del Tribunal, ahora lo que recomienda es hacer una acción popular, pero esta tarda en fallar cerca de dos años o más, mientras que la de tutela es en menos días.

Según Aguiar, la Gobernación lo que dice es que no tiene toda la responsabilidad de lo que en el fallo se les obliga realizar.

“El Tribunal administrativo del Tolima con ponencia del Magistrado, Carlos Arturo Mendieta, saca un auto y decreta la nulidad de todo lo actuado”, dijo el Defensor.

Afirmó que esa decisión lo que quiere decir, es que ninguna entidad a nivel nacional y departamental, deberá cumplir con el plan de acción que se tenía previsto para dentro de tres meses. “Ya no los obliga a nada”.

Agregó que el Magistrado se basa en decir que en ese proceso no hay ningún derecho fundamental y por eso presentó ese auto.

“Nosotros como Defensoría pensamos que las autoridades van a seguir actuando, y lo que nos tocará es buscar otras vías judiciales para acatar ese fallo del Tribunal”, puntualizó Aguiar.

Indicó que cada entidad puede hacer uso de sus recursos, aunque destacó que la Administración departamental ha hecho gestiones para encontrar una solución al problema de Villarrica.

“Todo quedó como antes, es decir, como si la Defensoría del Tolima no hubiese presentado nada. Vamos a mirar que acción legal se puede emprender, para que no se vulneren los derechos”, puntualizó.

¿Que responde la Gobernación?

 Abilio Baquero, director de Gestión del Riesgo del Tolima, señaló que la administración ya venía trabajando sobre la situación de Villarrica, mucho antes de que se diera esa acción de tutela.

“Tenemos un estudio de 1993, además el año pasado ya se había hecho dos visitas donde se dejaron varias recomendaciones especiales a la Alcaldía”, dijo el funcionario.

Baquero confirmó que la Gobernación apeló el fallo de la Defensoría, como medida jurídica, pero indicó que eso no quiere decir, que la Administración no esté atenta y vaya a dejar a un lado lo que pasa con las viviendas y demás edificaciones.

“Ya el Servicio Geológico cuenta con la propuesta sobre la amenaza y nosotros la avalamos. Lo que haremos es empezar a fortalecer la identificación de vulnerabilidad, este proceso ya lleva nueve meses”, afirmó.

Señaló que ya está definida la inversión de cada una de las entidades, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, aportará cerca de 400 millones de pesos, Cortolima 250 millones de pesos y la Gobernación lo faltante.

Manifestó que desde que se hizo el estudio, es decir, en 1993, Ingeominas había entregado unas recomendaciones que quedaron plasmadas en el Esquema de Ordenamiento Territorial, pero no se ejecutaron las acciones.

“Se debe mirar cuál es la responsabilidad de los alcaldes anteriores, y se determine por qué no se cumplieron con las advertencias que allí se plasmaron”, indicó Baquero.