A finales de 2014, el Gobierno departamental anunció la puesta en marcha de la construcción del conjunto residencial Alfonso Reyes Echandía en Chaparral, proyecto de 48 apartamentos que tiene como finalidad auxiliar al mismo número de familias víctimas del conflicto, sin embargo, tres años después, lo que existe en el barrio Versalles es una estructura a medio hacer.

Idelfonso Coca Torres, uno de los beneficiarios narró que en la administración del gobernador Luis Carlos Delgado Peñón y el alcalde Hugo Fernando Arce, hicieron la gestión para dar inicio.

“A cada familia nos tocó aportar $3 millones en el 2015 y (dijeron) que en ocho meses entregaban los apartamentos.

“Y ya estamos en 2018 y no están las seis torres hechas, a penas hay cuatro, de ellas dos tienen paredes”, comentó el chaparraluno.

Ante la preocupación, de que la obra queda inconclusa, Coca Torres procedió a oficiarle a la Procuraduría de Chaparral, con copia a la Gobernación y la Alcaldía.

“No quiero que quede como tantos elefantes blancos que hay en Colombia de 15 o hasta más años botados, y los usuarios quedan con las mentiras”.

Otro factor que genera intranquilidad, es que las familias actualmente están pagando el crédito de los $3 millones que tuvieron que entregar al inicio, deuda a la que se le suma el pago del arriendo mensual.

Ante la demora y la premura de acceder a una vivienda, los beneficiarios decidieron organizar un junta directiva, mediante la cual se exigirá la culminación de la obra.

Faltarían recursos

En junio de 2016, el gobierno Barreto retomó el proyecto, en ese entonces se explicó que el retraso obedecía a temas presupuestales, por lo que el Departamento entregó un nuevo aporte, en total la inversión se estima en mil 430 millones de pesos.

Asimismo, se volvió a establecer como tiempo de ejecución ocho meses, no obstante, a mediados de octubre de 2017 se procedió a suspender el trabajo nuevamente.

Sobre este caso, la Secretaría de Infraestructura del Departamento, informó que aún existe un desequilibrio económico, porque al momento de adjudicar el proyecto no se tuvo en cuenta algunas demoliciones a adelantar, el impuesto que debía cancelarse a la Alcaldía y la creación de rellenos en el terreno.

Ante el faltante, el constructor VIP S.A.S., al parecer, solicitó una adición de mil millones de pesos, requerimiento que no ha sido contestado por parte de la Gobernación.

Por ahora, se conoce que para el 14 de febrero se programó un comité técnico con la participación del contratista, el supervisor y el interventor para definir qué sucederá con el conjunto.