La Contraloría Departamental del Tolima reportó millonarios hallazgos fiscales en la Gobernación y en la Universidad del Tolima, por la contratación de software que finalmente no cumplió su función.

Los casos que son independientes y que se hicieron en años distintos, superan los $200 millones.

Fondo Territorial de Pensiones

El contralor Edilberto Pava, contó que tras la denuncia de un funcionario se dio inicio a una indagación al contrato 502 de 2012 el cual se hizo entre la Administración seccional y la entidad Consultores Asociados en Seguridad Social.

El acuerdo tenía por objeto contratar un servicio para garantizar y fortalecer los procesos en el Fondo Territorial de Pensiones. El valor inicial fue de $180 millones y luego se hizo una adición de $90 millones, es decir, que en total se pagó $270 millones.

“Cuando se (revisó) el objeto y lo que se hizo en ejecución, se encontró que el software no era idóneo, que no cumplió para lo que se había contrato en el tema del Fondo Territorial de Pensiones.

“Por lo tanto, nuestro técnico, dejó el hallazgo por la suma total del contrato”, dijo el contralor.

En el informe se precisa que hubo una “ineficiente planeación y seguimiento por parte de las personas que intervinieron en la ejecución del mismo”.

La Contraloría llamó la atención en que el Fondo no ha cumplido con el plan de mejoramiento, de la misma forma en que a la fecha es decir, pasados más de cinco años el contrato no se ha liquidado.

El software de la UT

En el caso de la alma máter, la contratación se hizo en enero de 2014 con la Universidad de Pamplona y tenía entre sus propósitos las actualizaciones del aplicativo Academusoft: Académico y Gestasoft para la Universidad.

Sin embargo, tras adelantarse una auditoría se pudo establecer que el proceso presenta diferentes deficiencias, que impidieron coordinar adecuadamente las aplicaciones y módulos que tiene administrativa la UT.

En el informe de la Contraloría se detalla que el aplicativo “no se utilizó con información real de la Universidad del Tolima, solo llegaron a manipular una plataforma de prueba, ya que no fue posible su ajuste y paramatrización, (...) decidiéndose por parte de la oficina de sistemas inactivarlo en el servidor”.

En cuanto al valor del contrato se estableció en $289 millones 715 mil, de dicha cifra, se hizo un desembolso de $231 millones 771 mil.