En el documento firmado por el viceministro de Salud Pública, Iván Darío González, explica que el periodo de intervención forzosa administrativa se hace teniendo en cuenta que “no se ha superado la totalidad de los supuestos fácticos que dan origen a la medida y que persiste la obligación de garantizar a través de su normal funcionamiento, la adecuada prestación de los servicios de salud de la población a su cargo (...)”.

Los seis meses que empiezan a contarse desde este lunes culminan el 2 de mayo de 2019 con la precisión de que se puede terminar antes, “dependiendo del grado de superación de los hallazgos y otras consideraciones, tal como la Superintendencia Nacional de Salud lo plantea en su solicitud”.

Entre los datos de balance que se incluyen tras cuatro años de intervención, está que se tuvo una reducción de cuentas por pagar, pasando de $86 mil 842 millones en septiembre de 2014 a $59 mil 193 millones a septiembre de 2018.