En junio de 2018 la Contraloría General de la República dio a conocer el reporte de 35 hallazgos administrativos tras adelantar una auditoría en el Instituto Tolimense de Formación Técnico Profesional, Itfip, cinco de ellos tenían una incidencia fiscal que alcanzaba los mil 101 millones de pesos.

Sobre este tema habló el rector Mario Fernando Díaz Pava, quien explicó que la indagación preliminar que recaía sobre la segunda fase de la construcción de un edificio de tres piso en el bloque E se cerró, luego de que el ente de control adelantó una visita técnica y constató que ahora si todo está en funcionamiento correctamente.

“El hallazgo se originó por la falta de energización definitiva del edificio, razón por la cual la Contraloría determinó un presunto detrimento patrimonial de todos los ítems que hacían parte del componente eléctrico del contrato 215 de 2016”, presunta irregularidad que sumó $993 millones 479 mil.

Una vez se conoció este resultado, el Instituto solicitó una vista técnica a la Contraloría, inspección en la que se corroboró que las instalaciones eléctricas, los cielo rasos y el aire acondicionado que no se encontraron inicialmente, ya estaban terminados y en funcionamiento.

Por ello, la CRG decidió archivar el proceso por presunto detrimento patrimonial en contra del Itfip, decisión que se conoció el 5 de este mes a través del auto 115.

La investigación recaía sobre Díaz Pava, el exrector Aquileo Medina Arteaga, dos representantes del Consorcio Vari, también, sobre el interventor y supervisor de la obra.

“Yo estoy como rector desde el 16 de junio de 2017, recibí el contrato ya en ejecución y se hizo de manera transparente cumpliendo todos los postulados de contratación estatal”, dijo Díaz Pava.

Es recordar que el funcionario reemplazó al entonces rector Aquileo Medina Arteaga, actual representante a la Cámara por el Tolima.

“Nos afectó la imagen este hallazgo fiscal, sobre todo a este proyecto de infraestructura que es el más grande que se haya realizado en la historia de nuestra institución”.

El directivo precisó que la obra que tuvo un costo total de $3 mil 841 millones 376 mil fue financiado en su totalidad por el Gobierno nacional con recursos de los ministerios de Hacienda y Educación.

La obra cuestionada es una edificación que tiene un área construida mayor a los tres mil metros cuadrados en donde funcionan salones de clase, un auditorio y el área administrativa.

¿Y los otros hallazgos?

El rector comentó que en el caso del pago de unas horas cátedra que al momento de hacer la liquidación dejó un presunto detrimento porque eran no laboradas, el Itfip recibió una visita técnica y continua en la Contraloría General.

Mientras que el del contrato de un diseñador gráfico que al parecer no cumplía con los requisitos mínimos, dijo que la indagación preliminar ya se cerró pues se demostró que las publicaciones contratadas se publicaron según lo acordado.

Y en la indagación de un contrato por $19 millones para contratar el transporte de 800 estudiantes a la participación de un evento deportivo en noviembre de 2017, explicó que el Itfip se está defendiendo de un presunto de $2 millones, pues considera que tienen las pruebas para demostrar que la adquisición del servicio se hizo según la normatividad.

Se mantiene en presupuesto nacional 

El rector Mario Fernando Díaz Pava, recordó que el Itfip depende económicamente del presupuesto general de la Nación y está inscrito ante el Ministerio de Educación y al preguntarle qué sucedió con el intento de descentralización que hizo la Gobernación del Tolima, para asumir las riendas y con las fuertes críticas al funcionamiento y rendimiento académico respondió que “después de que llegué en junio de 2017, la Gobernación no ha hablado de esos temas. Considero que lo que entendió el mandatario Óscar Barreto y su Secretario de Educación, quien tiene asiento como delegado del Gobernador en el Consejo Directivo, es que estaban mal informados, la calidad académica es reconocida por el MEN y el sector productivo en donde tenemos presencia”.

Añadió que en este punto quisiera que el apoyo de la Administración seccional fuera mayor, “existe un esfuerzo pequeño que se realizó en su momento para que los estudiantes fueran beneficiarios de los estímulos que se entregan a través de la Gobernación”.

Actualmente, la institución cuenta con cuatro mil estudiantes, varios de ellos son beneficiarios del programa Generación E y de la iniciativa del Departamento de Prosperidad Social, Jóvenes en Acción.