En este debate electoral y en medio del justificado desprestigio de los partidos, entre ellos el Liberal, un joven menor de cuarenta años puede pensar que esta colectividad no es otra cosa que una asociación de manzanillos, sin principios, sometida a la dictadura de una familia, empeñada en acomodarse a todos los gobiernos, y cada vez con menos peso específico en el escenario nacional. Sin embargo, es bueno que las generaciones nuevas conozcan que esa caricatura no es el liberalismo, que en momentos de nuestra historia ha jalonado los cambios más importantes en la Nación.

El triunfo de Gabriel Boric, joven de apenas treinta y cinco años, en representación de una izquierda que nada tiene que ver con la estereotipada de la lucha de clases, el estatismo, el partido único estatal -tipo Daniel Ortega-, la nacionalización de los recursos naturales, la banca única, las expropiaciones sin indemnización, la utilización de la justicia para golpear adversarios y, desde luego, con la supresión de las libertades públicas, incluida la de prensa, evoca de manera inevitable el triunfo de Allende, el golpe militar de Pinochet en 1973, y la política llamada de la concertación, que para salir de la dictadura, logró que durante más de tres periodos presidenciales, un proyecto político -y no de una persona o una familia- sacara adelante al país austral. En pleno auge de las dictaduras militares en la América Latina, Salvador Allende, sin ser un “outsider” logró en 1970, la hazaña de instaurar -por la vía de las urnas- un régimen socialista en un país de amplia cultura política como Chile. 

Hasta ahora, más allá de las simpatías o antipatías por las trayectorias públicas de algunos de los tantos candidatos, no es fácil para los electores distinguir entre partidos -porque no los hay- ni entre la pregonada y no explicada separación entre “centro” “izquierda” y “derecha”, y muchísimo menos, entre propuestas concretas sobre la sociedad y el Estado.

Más allá de las dudas sobre su origen, entre estas lo que ocurrió con el espinoso tema de la extradición, resulta irrefutable que la parte dogmática de la Constitución de 1991 -es decir la de los principios y enunciados generales y la llamada carta de derechos- es inexpugnable.

Las declaraciones de dos de las cabezas del poder judicial sobre el fracaso del mal llamado sistema penal acusatorio me han llevado, otra vez, a reflexionar sobre la manera precipitada como el Congreso hizo ese cambio en el sistema penal.

La Paz, la seguridad, la justicia y el orden público deberían ser temas prioritarios de esta atípica campaña presidencial caracterizada por la proliferación de candidatos -la mayoría auto candidatos- y las supuestas coaliciones con nombres que desaparecen con la misma facilidad con la que se crean.  

Muchas veces, por la carga emocional y política que pueden generar algunas decisiones judiciales, resulta casi imposible analizar los argumentos jurídicos que las fundamentan.

La conmemoración de los 36 años de la espantosa tragedia del Palacio de Justicia pasó casi inadvertida en medio de la relativa apatía producto de la desmemoria nacional. El país aún no se repone, y menos el poder judicial, de las consecuencias de haber perdido a esos magistrados íntegros y desprendidos de ambiciones burocráticas.

Con razón la excanciller María Emma Mejía destaca en su columna del domingo en este diario, la importancia para nuestra agenda pública de la nueva política de lucha contra las drogas de la administración Biden. 

Dos temas centrales -seguridad y justicia- no han sido abordados de manera seria por ninguno de los más de treinta candidatos cuya presencia demuestra no la pujanza, sino la debilidad de nuestra democracia.