El sorpresivo anuncio realizado por el antiguo secretariado de las Farc-EP, reconociendo el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal Reyes y de otros, ha sacudido la opinión política colombiana, sobre todo respecto al silencio que ésta organización había mantenido sobre el asesinato de Álvaro Gómez, tanto por el momento en que ocurrió, como en los efectos que generó entre los sectores dirigentes del país.

En la pasada columna se señaló a la construcción y al turismo como dos pilares para la reactivación del aparato productivo local, duramente afectado por la actual crisis económica y social, generada por la aplicación de un modelo económico neoliberal y excluyente, que se ha visto profundizado en la pandemia del Covid-19.

Una de las características propias de las democracias, es que las decisiones tomadas por una administración, son punto de partida de la que le continúa, pues las acciones del gobernante de turno no se hacen en nombre propio sino como parte de las ejecutorias propias de un Estado – local, regional o nacional – que lo compromete independientemente de quien lo represente en un momento dado. En términos legales ello se identifica con la seguridad jurídica, propia del estado de derecho, que en lenguaje cotidiano lo identificamos como la necesaria continuidad para ejercer un buen gobierno.

En el corto plazo y para los sectores que no pueden acceder a la educación pertinente para el trabajo, tenemos que encontrar otras opciones. Se tiene que reactivar las actividades productivas que generen demanda efectiva de empleo juvenil.

Desde hace cerca de 50 años, desde 1972 con la expedición del Plan Nacional de Desarrollo de Las Cuatro Estrategias y bajo la influencia del profesor colombo canadiense Luachin Currie, el país reconoció a la construcción urbana como un sector líder de crecimiento económico nacional.

Los anuncios gubernamentales sobre la normalidad han llenado de optimismo a los empresarios, tanto de la región como del país, lo cual se ha reflejado en las encuestas de percepción de la actividad económica realizada por Fedesarrollo, que muestra una mejora substancial en la confianza empresarial en el país.

Desde la expedición del actual POT que rige en Ibagué, éste ha sido fuente de conflictos y discusiones, que han llegado hasta los estrados judiciales, pues no es desconocido que el POT - Decreto 0823 de 2015 – está demandado en su totalidad por la Corporación Autónoma Regional Cortolima ante el tribunal administrativo.

La excelente iniciativa de los “Diálogos Regionales” que ha venido promoviendo de manera virtual la Universidad de Ibagué todos los sábados de 9 a 12 de la mañana, se ha convertido en un foro de discusión sobre las prioridades del desarrollo económico, urbano y regional para Ibagué y el Tolima, espacio absolutamente indispensable para pensar los escenarios posibles con que los tolimenses e ibaguereños nos encontraremos en el futuro inmediato y que nos direccionará en el mediano y largo plazo.

La Constitución Política Nacional en su artículo primero define a Colombia como un Estado social de derecho, unitario, descentralizado y multiétnico.

El Gobierno sigue sin oír al país real. Un desempleo como el que estamos padeciendo no puede resolverse con luces de bengala, como los días sin IVA, que alumbran un momento para volver al instante inmediato a la más profunda oscuridad.