La medida se tomó conforme a la sentencia T-684A de la Corte Constitucional que establece la obligatoriedad de la Ley 361 de 1997 donde se otorgan garantías a las personas en condición de discapacidad en procesos de contratación pública.

"En la contratación pública, las empresas que tengan personas en condición de discapacidad, en caso de empate en una licitación, tienen prioridad o ventaja en la obtención del contrato", aseguró el Ministro de Trabajo, Rafael Pardo.

Para obtener esa ventaja, al menos el 10 por ciento de los trabajadores de discapacidad deben estar certificados por el Ministerio de Trabajo. Además, los trabajadores deben tener un contrato de por lo menos un año de anterioridad.

"Sólo el 54 por ciento de las empresas en Colombia han vinculado a personas con discapacidad y el 31. 8 por ciento no ha recibido ningún tipo de formación para el trabajo", agregó Pardo.