Legalizan captura de los 10 implicados en presuntos maltratos en internado

SUMINISTRADA - EL NUEVO DÍA
Los familiares de algunos capturados se pronunciaron y creen en la inocencia de sus parientes. EL NUEVO DÍA habló con el testigo clave en la investigación.

Mientras al interior de una sala del tercer piso del Palacio de Justicia se adelantaba la audiencia reservada contra los 10 funcionarios del operador Peces Vivos, con sede en el barrio La Pola, los parientes de los detenidos vivían su drama y defendieron a los sindicados.

Por su parte, el Juzgado Séptimo penal de control de garantías de Ibagué legalizó las capturas de todos los implicados y a las 6 de la tarde de ayer la Fiscalía 66 seccional inició las imputaciones por los delitos de tortura, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de evidencias.

Los involucrados son: la psicóloga Johanna Dignore Rodríguez Olaya, directora de la fundación Peces Vivos; Dignore Olaya Hernández, coordinadora; Yenifer Stefany Salcedo, psicóloga; Jenny Carolina Camelo, enfermera; Paula Andrea Patiño Buitrago, formadora; Claudia Maritza Flórez Medina, formadora; Ángel Duván Serna Molina, formador; Paula Andrea Tique, enfermera; Claudia Lorena Pedraza, formadora; y Edison Calderón, formador.

 

En defensa

Por otro lado, los parientes de los hoy señalados, hablaron con los medios de comunicación. Uno de ellos fue Jéferson Ramírez, esposo de la enfermera Claudia Lorena Pedraza, quien cumplió funciones de formadora dentro de la fundación.

Ramírez, indicó, que su compañera trabajó desde febrero último hasta junio: “Lamentablemente se vio involucrada en este proceso por una investigación que adelanta la Fiscalía por unos delitos que no caben dentro de lo que han dicho. Los señores de la Fiscalía llegaron a la casa y le dijeron que iban hacer una indagatoria y dentro del carro le dijeron que estaba capturada. Toca esperar qué dice la Fiscalía”.

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Así mismo, Blanca Espitia, mamá de Edison Calderón, sostuvo: “Es muy difícil, pero sé que mi hijo y todas las personas son inocentes. Mi hijo es una persona muy amorosa con esos muchachos. Yo conozco a mi hijo”.

Calderón laboró por ocho meses y en junio se retiró porque en ocasiones los turnos eran muy largos.

 

Directora nacional del Icbf se pronunció

Karen Abudinen, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, dijo a RCN Radio: “Para nosotros es muy triste que casos como estos se den en el instituto. Nosotros tenemos un equipo de más de mil 500 profesionales que hacen el trabajo de supervición todo el tiempo”.

La funcionaria aseguró que tomará acciones disciplinarias y por eso adelanta una investigación de control interno: “Daremos a conocer cuáles serán las consecuencias por las irregularidades que se presentaron en la fundación Peces Vivos”.

Abudinen aseguró que tienen: “muchos casos que están trabajando de la mano con la Fiscalía para lograr generar protección a los niños”.

¿En el caso de Ibagué, habrá algún funcionario del Icbf sancionado? “nosotros adelantamos una estricta investigación para proceder con todas las consecuencias alrededor de los funcionarios, por eso, estamos tratando que esos tiempos sean lo más pronto posible”.

La directora estará la próxima semana en la capital del Tolima.

 

Procuraduría exhortó a la directora del Icbf

La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), por presunta falta de control a la “Fundación Peces Vivos” de Ibagué, donde se estarían presentado tratos crueles a niñas y niños en condición de discapacidad.

Para la Procuraduría resulta inaceptable las declaraciones de la directora del Icbf, Karen Abudinen, de que este no es el único caso, lo que significaría una vulneración sistemática de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exhortó a la directora general del Icbf para que esa entidad asuma, con el rigor que amerita, el seguimiento y la vigilancia a los operadores que brindan atención especializada a la población en condición de discapacidad.

Así mismo, pidió a las autoridades poner en marcha mecanismos que garanticen el cuidado y la protección de niños, niñas y adolescentes, con mayor énfasis en la población en condición de discapacidad, e invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier circunstancia que pueda constituir vulneración, amenaza o inobservancia de sus derechos.

Hechos como los denunciados en Ibagué dejan al descubierto que esta población es cuatro veces más proclive a ser maltratada, más vulnerables y está más expuesta a formas específicas de violencia y abuso.

La indagación de la Procuraduría busca identificar a los responsables que habrían omitido la supervisión, vigilancia y control del contrato suscrito con la “Fundación Peces Vivos”, y las obligaciones del supervisor a cargo.

Adicionalmente, en el proceso penal iniciado tras la captura de 10 personas, la Procuraduría, a través de una agencia especial, solicitó detención intramural.

Credito
EL NUEVO DÍA

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