El escrito de acusación también cobija a Yeniffer Stefany Salcedo, quien se desempeñaba como psicóloga, y 8 funcionarios más de esa institución, por los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos de material probatorio.
La citada fundación era operadora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y funcionaba en la modalidad de internado para discapacitados mentales.
De acuerdo con la Fiscalía, los involucrados habrían incurrido en tratamientos inadecuados con los menores, a quienes supuestamente les ocasionaban dolor físico o los sujetaban de sus extremidades a las camas o las sillas.
Igualmente, la Fiscalía señaló que se presume que sometían a los niños a tratos crueles y denigrantes, realizaban protocolos no acordes a los lineamientos expedidos para la fundación.
Además, “el suministro de medicamentos no contaba con la aprobación del médico psiquiatra tratante de los menores, sino que al parecer serían las psicólogas quienes ordenaban las medicinas, faltando de manera flagrante a los protocolos de buenas prácticas médicas reguladas por el Ministerio de Salud".
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