El norte del Cauca sigue agitado. Pese a que los indígenas y el Gobierno han tenido aproximaciones, aún continúan distanciados por la presencia de la Fuerza Pública en sus territorios. 

El tema ha sido analizado desde ópticas que van de lo político y jurídico a lo militar y cultural, y desde diferentes posturas ideológicas. Pero existe una perspectiva interesante que, por provenir de un indígena que trabaja con el Gobierno, puede dar luces para avanzar en la resolución de la situación.

Se trata de Gabriel Muyuy Jacanamejoy, director del Programa Presidencial para los Pueblos Indígenas, un inga que el país recuerda como partícipe en la promulgación de la Constitución de 1991, vicepresidente de la Organización Indígena de Colombia, Onic, senador y defensor delegado para indígenas y minorías étnicas de la Defensoría del Pueblo. 

Antes de que el presidente Santos lo llamara a dirigir esta nueva agencia, creada en este gobierno, estuvo trabajando en La Paz, Bolivia, con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. 
Sus tesis, de corte férreamente constitucionalista, pueden resultar esclarecedoras. Por ejemplo, recuerda que la Corte Constitucional ha señalado que “el principio de la diversidad étnica y cultural está sobre cualquier otro principio constitucional, salvo en situaciones de interés general, como el orden público”. También dice que “en el Cauca no solo está la presencia indígena; hay otras poblaciones que tienen otros puntos de vista”.
¿Usted ha tenido alguna participación en la solución del problema del Cauca, o todo ha sido delegado en el Ministerio del Interior?

Simultáneamente a lo del Cauca se dio una manifestación pacífica de indígenas y campesinos en Putumayo. Se me encargó atender lo del Putumayo, mientras el Ministro del Interior y otros funcionarios atendieron el Cauca. Por fortuna, en Putumayo logramos concertar acuerdos y se firmó un acta; ahora, estamos implementando los acuerdos firmados con campesinos e indígenas. 
¿Hay similitudes entre el proceso de Putumayo y el del Cauca? Si es así, ¿por qué en Putumayo se logró concertar acuerdos y en el Cauca todavía no?

Hay temas similares en lo que en Putumayo reclamaban indígenas y campesinos. Incluso, los indígenas tomaron acciones de hecho: bloquearon la vía Mocoa - Pitalito durante tres días, pero lo resolvimos.

La presencia de la Fuerza Pública en los territorios indígenas no fue un tema planteado en Putumayo. Los indígenas del norte del Cauca plantean al Gobierno que la Fuerza Pública debe salir del territorio, pero eso es algo muy difícil, porque la Fuerza Pública cumple unas funciones que la Constitución ha establecido para garantizar la seguridad en esa región del país. 

Es decir, la dinámica del Putumayo fue distinta a la del Cauca. Los temas en los ámbitos social, cultural, político y económico son muy similares, pero los temas de seguridad sí son más difíciles en el caso del Cauca.

¿Qué de lo que se consiguió en Putumayo se pudiera replicar en el Cauca para alcanzar acuerdos y superar está situación de conflicto?

Para avanzar en cualquier circunstancia, lo más importante es que hay principios básicos de diálogo y de concertación. Un principio básico es si aceptamos que diálogo y concertación van a ser en el marco de la Constitución que nos rige a todos los colombianos, incluyendo a todos los indígenas.

Otro principio es que internacionalmente hay unos principios de legislación indígena que hay que tener en cuenta, especialmente por parte de la institucionalidad no indígena. El tercer principio es que todo derecho tiene sus límites, que son los derechos de los otros.

¿Ese principio del límite de los derechos aplica en el caso del Cauca?

Es un tema fundamental en el caso del Cauca, donde no solo está la presencia indígena, que es muy importante. Hay otras poblaciones, que tienen otros puntos de vista, otra percepción de la vida, del desar­rollo y que, en todo caso, es importante tener en cuenta. 

Hay otros sectores sociales como campesinos y afrocolombianos que habitan allí y piden al Gobierno la presencia de la Fuerza Pública. 
¿Se debe discutir el tema de la presencia de la Fuerza Pública en el Cauca?
En el Cauca se necesita aunar esfuerzos entre todos los sectores sociales y la institucionalidad, incluyendo a la Fuerza Pública, para lograr la convivencia pacífica. Otro principio básico es la paz. 

Si en eso estamos de acuerdo, se pueden discutir las propuestas. El Gobierno ha dicho que en el Cauca el tema de la salida de la Fuerza Pública no es negociable, no es discutible, por todo lo que sucede allí y los voceros indígenas plantean que ese es un tema central y se debe discutir dentro de la agenda.

Los derechos y los deberes

¿Por qué organizaciones indígenas como el Cric reclaman una autonomía absoluta, basadas en la ley de origen y en el ejercicio del derecho propio de la Constitución, si esa autonomía tiene sus límites y es relativa?

Totalmente de acuerdo. Tenemos una sola Constitución que nos rige y fue construida también por los indígenas. Hubo tres constituyentes indígenas: Lorenzo Muelas, Francisco Rojas Birry y Alfonso Peña, y otros como yo hicimos parte del equipo de los constituyentes indígenas, y ayudamos a tener la Constitución que hoy tenemos. No hay dos constituciones; no hay dos Estados.

Por eso, es importante establecer unos principios básicos de diálogo, porque al hablar de una autonomía absoluta estaríamos hablando de repúblicas independientes. 

Incluso, si fueran repúblicas independientes, existen mecanismos de control y de vigilancia. No hay autonomías absolutas en este planeta, hasta donde hemos avanzado en el ejercicio de la democracia de los pueblos. 
Las comunidades indígenas del Cauca han dicho que Colombia está incumpliendo normatividad internacional e invocan, entre otros, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Eso es cierto?

Colombia fue uno de los primeros países que ratificaron el Convenio 169 de la OIT, por medio de la Ley 21 de 1991. Históricamente -y me consta, porque participé en varios momentos en el debate para aprobar ese instrumento-, Colombia ha sido líder en el contexto internacional y viene implementándolo en distintos temas. En comparación con otros países de la región y del mundo, vamos avanzando de manera significativa.

Faltan algunas cosas por implementar en el tema de la consulta previa, pero se han hecho avances, sobre todo durante los últimos dos años, y se ha logrado concertar mediante la consulta previa temas importantes como el plan de desarrol­lo, el programa de garantías de derechos, el decreto ley de víctimas para indígenas y restitución de tierras para indígenas, que ha sido un ejercicio muy interesante de participación en el marco del derecho de la consulta previa. 
Y ¿qué hay con la Declaración de las Naciones Unidas?

Fue aprobada en el 2007 y el Estado colombiano en su momento no lo firmó, pero luego revisó su posición y en 2009 firmó con reservas: el derecho que está establecido en esta Declaración al veto en el tema de la consulta previa, libre e informada, sobre proyectos que amenacen la integridad física y cultural de los pueblos indígenas. 

En eso Colombia dejó reserva sustentada en el principio constitucional de que los recursos naturales del subsuelo y sobresuelo son del Estado, como está en la Constitución. El otro tema que se reservó, argumentando el conflicto armado que tenemos, es la no presencia militar en los territorios indígenas. 
¿Esa Declaración puede ser revisada y volver a ser firmada por parte del Estado colombiano?

Son temas importantes, pero creo que en algún momento son susceptibles de revisar. Por ahora, la posición oficial del Estado colombiano es que esos temas están reservados, lo que no quiere decir que no se pueda hablar sobre ellos. Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que habían expresado reservas por otras razones, ya la firmaron. Soy de la idea -y esto no compromete para nada la postura del Gobierno nacional ni del Estado- de que nada en este mundo es intocable. 

De acuerdo con el avance de las democracias y las realidades, todo es susceptible de ser revisado y, en dado caso, incluso cambiado. Por ahora, como institución, debemos tener claro que hay una posición de Estado con unos argumentos, lo que no significa que no se pueda hablar de esos temas. 
Entonces los indígenas no pueden invocar la Declaración de las Naciones Unidas en el sentido de que el Gobierno está violando esos instrumentos que suscribió, cuando lo hizo con reservas puntuales...

La Declaración no es un instrumento jurídicamente vinculante, sino político, que firmó en su mayor parte el Gobierno colombiano. Incluso, debo decir, igual que el Convenio 169, Colombia fue durante muchos años líder en los temas que hoy hacen parte de esa declaración. 

Entonces, creo que el principio básico del diálogo y la concertación debe ser la Constitución, porque incluso los instrumentos internacionales ratificados o firmados y luego ratificados por el Estado colombiano están en el marco de la Constitución. 
¿Pero esos instrumentos internacionales son superiores a nuestra Constitución? 

Nada hay más allá de la Constitución. Los instrumentos internacionales no están más allá de la Constitución. Aquí nos toca movernos con base en los principios constitucionales. 

Por eso, insisto en que todo diálogo o resolución de conflictos, mediante concertación de acuerdos, tienen que estar en el marco de los principios constitucionales que nos rigen. Así, seguro que podemos avanzar. 

Se requiere, pese a las dificultades, de posiciones flexibles, porque, si no, es imposible hablar de diálogo. Si cada quien está en su posición cer­rada, extrema, y no quiere tocar un punto ni una coma, es muy complicado. 

Por eso hablo de la importancia de la flexibilidad, que no significa entregar principios, y de la apertura, que es válida tanto para el movimiento indígena del Cauca, como para el mismo Gobierno.