El planteamiento lo hizo el jefe negociador de la insurgencia desde La habana (Cuba) alias Iván Márquez, al ser preguntado sobre la suerte actual del general Rubén Darío Alzate y de dos más de sus acompañantes, quienes están retenidos desde el domingo pasado en la tarde. 

Sin embargo, el guerrillero sostuvo que “no es admisible que quien declara la guerra sin cuartel, en medio de ella pretenda que no se le toquen a sus soldados y generales”. 

‘Márquez’ reconoció que los países garantes, Cuba y Noruega, ya han expresado su preocupación por la situación actual del proceso y que manifestaron su deseo por ayudar a encontrar una salida. 

Tal y como el martes, el jefe negociador sostuvo que la delegación de guerrilleros que están en Cuba, no pueden decidir la libertad de Alzate, “no vamos a especular sobre el tema, no corresponde a esta delegación... Nosotros no damos esa orden. El secretariado lo asume por medio de su comandante general”. 

Señaló que el CICR podría ser el mediador en el momento que se pacte una entrega, y recordó que así se ha hecho en ocasiones anteriores. 

Al ser preguntado sobre si esa liberación sería antes de finalizar el año, el jefe del equipo negociador de las Farc sostuvo que “todo depende del gobierno de Colombia. Nosotros seguimos aquí trabajando”. 

Márquez volvió a insistir que en esta ocasión se debe aprovechar, por parte del presidente Santos, para aceptar el llamado al desescalamiento del conflicto, lo que en su criterio ayuda “a amainar el impacto del conflicto en la población civil”. 

Más confianza  

Otro aspecto que destacó el jefe negociador es que después de dos años hay más confianza entre las partes para seguir adelante y terminar el proceso, y consideró que “no es sensato que continuemos matándonos en una confrontación, que de no parar, generará prisioneros e incidentes que pueden poner en peligro la continuidad de la Mesa de Conversaciones y la anhelada posibilidad de llegar a la firma del Acuerdo Final”. 

Frente a lo que puede ser la justicia transicional, manifestó que tanto el gobierno como la insurgencia tienen claro que “no hay para el proceso de paz ningún marco jurídico diferente al Acuerdo General de La Habana, ni hay Ley de justicia transicional diferente a los compromisos que de este se deriven”.