La Fiscalía General de la Nación sostiene que el exmandatario, incumpliendo su deber legal de hacer vigilancia, no adelantó el debido control a los procesos, que quedaron en manos de un mismo contratista y en seis oportunidades registraron retrasos.

Además, según indicó un informe del periódico El Espectador, la ejecución de los contratos habrían favorecido económicamente a un aliado político y a la Corporación para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial (Prohaciendo) por más de $230 millones.

Uno de los contratos, por ejemplo, tiene que ver con un convenio interinstitucional suscrito el 28 de noviembre de 2008 entre el Departamento, con $595 millones, y Prohaciendo, con casi $73 millones, para la construcción de viviendas de interés social.

De forma semejante, la Gobernación firmó otros 11 convenios con Prohaciendo, por unos $4.400 millones, sin que mediara licitación pública y existiera un documento en la que se reconociera la idoneidad de esa corporación como único contratista.

El informe del diario capitalino también señala que en dos de los acuerdos firmados en 2009 con esa entidad no se exigió la construcción de una póliza de garantía para el buen manejo y la correcta inversión de los anticipos. Tampoco se contrató la interventoría para tres obras.

Consultado por El Espectador, el abogado defensor del exgobernador, Raúl Cadena Lozano, indicó que demostrará que se hizo la delegación respectiva, que Barreto ejerció el control legal correspondiente y que se cumplió la finalidad de las contrataciones.

Por otro lado, según la Fiscalía, una empresa del ciudadano Diego Fernando Rodríguez, quien aportó $24 millones a la campaña de Barreto para su primer Gobierno, fue subcontratada por Prohaciendo a través de un acuerdo de obra por $429 millones. 

Por esto, Barreto fue llamado a juicio el pasado 11 de mayo por los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos.