El mayor Jorge Mario Molano Bedoya y el teniente Pablo Andrés Parra Forero, los dos oficiales de la Policía Metropolitana de Ibagué señalados como presuntos responsables del crimen del joven Santiago Murillo, fueron dejados en libertad por decisión del Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar y Policial.

Ese despacho, cuestionado por posible prevaricato en su pretensión de quedarse con la competencia del sonado caso, aceptó la petición de la defensa de los agentes y revocó la medida de aseguramiento que se les impuso en mayo pasado como implicados en el homicidio del joven de 19 años.

Tanto el mayor Molano Bedoya, quien sería la persona que habría disparado contra el joven, como el teniente Parra Forero, siguen vinculados al proceso, a la espera de que la Corte Constitucional defina si el caso es asumido por la justicia ordinaria -como lo solicita la Fiscalía y el Ministerio Público-, o la penal militar.

La decisión, tomada un día después de cumplirse el primer mes del homicidio de Santiago, fue recibida con sorpresa por Miguel Murillo, padre del joven, quien confía en que la Corte resuelva cuanto antes la competencia del caso.

“Se siente uno impotente. Sorprendente que la justicia militar actúe de esta manera cuando toda Colombia está marchando cansada de los abusos y los muertos, empezando por mi hijo. De todas maneras, ellos están libres pero no son inocentes y seguimos luchando porque este asesinato no quede en la impunidad y pague quien disparó, el directo responsable”, afirmó.

Dijo, además, que la decisión solo termina por agrandar el desprestigio de la institución. “No es un secreto que en la Justicia Penal Militar y la Policía Nacional hay mucha corrupción. Es una estrategia: los cogen para después ellos mismos soltarlos y mirar cómo esconden a sus asesinos. Cada día están demostrando que es una institución realmente muy podrida”, agregó. 

Finalmente, indicó que a pesar de las maniobras que puedan surgir existe suficiente material probatorio que demuestra la conducta criminal de los policías. “Estoy convencido del doctor Miguel Ángel del Río, nuestro abogado; la Fiscalía y, sobre todo, mi Diosito, que está por delante de todo. Ellos pueden inventar mil cosas para protegerse, pero las pruebas están y por eso estoy tranquilo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque el asesinato de mi hijo no puede quedar en la impunidad”, concluyó. 

La Fiscalía y el Ministerio Público solicitaron compulsar copias contra el Juzgado 188 de Instrucción Penal Militar y Policial para investigar presuntas irregularidades en la forma como buscó asumir el caso.