Tragicomedia gubernamental

El Gobierno salió presuroso a desmentirlo. Prada dijo que nunca había sido “canjeado”. El Mindefensa afirmó que el General “está confundido”. Petro publicó un trino donde sostuvo que “no quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacren manifestantes” y que él había dado la orden de “no matar a la población civil”.

A estas alturas, la Procuraduría ha abierto investigación preliminar contra los Ministros, la justicia intenta establecer si hubo un delito de omisión de apoyo y la Fiscalía “conformó un equipo para esclarecer los hechos”. A su vez, Emerald Energy, que desde hace tres meses en once comunicaciones advirtió al Gobierno lo que ocurría y pidió ayuda para evitar los actos violentos de los que después fue objeto, solicitó a la ANH cancelar su contrato.

Algunas conclusiones: el general Sanabria tiene los días contados. No le perdonarán haber contado la verdad de lo que ocurrió con la “guardia campesina” y haber dejado al Gobierno en evidencia.
Las petroleras y mineras están en alerta máxima y, muchas, saliendo del país. Les aumentaron los impuestos en forma cuasiconfiscatoria, no tienen futuro por la decisión gubernamental de no conceder nuevas licencias de exploración y explotación, las comunidades les exigen dinero e inversiones extralegales, y ahora saben que la Fuerza Pública no los va a proteger.

Las comunidades están a merced de los violentos. Como el Gobierno se cruza de brazos, los grupos criminales usan a los civiles como avanzada de sus operaciones y como mecanismo para presionar empresas e instituciones. Pasó en Los Pozos y pasó en el Bajo Cauca. En esta modalidad de acción violenta, que empezó a expresarse con mayor fuerza durante el paro y los bloqueos del 2021, hay un muy complejo desafío adicional de seguridad interna.

El monopolio de las armas en cabeza del Estado es cada día más precario. A lo ya conocido de los grupos violentos hay que sumar el creciente problema de las milicias. La “guardia campesina”, por ejemplo, jamás ha existido. La del Caguán es una milicia de las Farc.

Militares y policías están en una encrucijada. Por un lado, el orden jurídico, su juramento y sus códigos deontológicos los obligan a defenderse y a apoyar a sus compañeros, pero, por el otro, Petro y su Mindefensa les ordenan no hacerlo, aún a costa de ofrendar sus vidas. La Fiscalía, la Procuraduría y la Justicia Penal Militar los investigan por no cumplir con sus deberes. Pero si lo hacen, Petro y la izquierda los acusarán de insubordinación y les costará sus carreras.

La ley pasó a ser letra muerta en relación con las obligaciones para la Fuerza Pública. Ahora se hace lo que Petro quiere. O mejor, no se hace nada porque Petro lo decide so pretexto de “la paz total”, un “cese del fuego” que jamás ha sido bilateral y que paraliza a los uniformados pero que no exige a los criminales dejar de delinquir, y la falacia de que el uso legítimo de la fuerza por parte de militares y policías suponen “matar civiles”.

En paralelo, el narcotráfico está más fuerte que nunca y, en consecuencia, también las finanzas de los violentos. Puede ser resultado de la concepción ideológica del problema por parte de Petro y la izquierda, pero cada día hay mayores indicios de complicidad criminal.

La incertidumbre, el desorden, el caos, la inseguridad, son crecientes. Si la Fuerza Pública no puede protegerse ni a ella misma, mucho menos podrá defender a los civiles. Mientras que, según Petro, soldados y policías tienen que dejarse matar, los ciudadanos están sometidos por los criminales.