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Petro no aporta una sola prueba de sus acusaciones. Tampoco dice quienes han sido los que habrían sido torturados ni quienes los torturadores ni quienes los testigos ni los que habrían ejercido “presiones” sobre ellos. La acusación sin nombres ni pruebas, sin embargo, es un abierto ataque contra la Fiscalía que constituye, ese sí, una ruptura institucional que, excepto el golpe de Rojas Pinilla, jamás habíamos vivido, y que debe sumarse a la abierta negativa de Petro de su obligación de separar del cargo al Canciller suspendido por la Procuraduría.
Por otro lado, Petro participó en la planeación del asalto del Palacio de Justicia, financiado por Pablo Escobar y fue también con dinero de los narcos que impulsó Bolívar 83, el barrio de invasión del M19 en Zipaquirá. Está probado también que alias Sobrino y su mujer aportaron a su campaña en Casanare. Su hijo confesó que recibió dinero del Hombre Malboro y que parte del mismo ingresó a la campaña. Y su hermano que las elecciones se ganaron por el apoyo de criminales. La lista de decisiones de Petro y sus funcionarios que favorecen a los narcos es larga y no voy a repetirla ahora. El resultado es que los narcocultivos saltaron 230.000 hectáreas en 2022 a 320.000 en 2023. De manera que quienes han tenido nexos con mafiosos y los han beneficiado son Petro, su familia y su gobierno.
En cuanto al Ñeñe, Petro miente y ataca a la Corte Suprema que, en sentencia de 2022, dijo que "más allá de afirmaciones vagas, generales […] no se cuenta en el expediente con ninguna prueba certera de la presunta participación de Hernández en la campaña”.
De lo que no hay duda es de que en la de Petro se violaron los topes en gastos y se recibió financiación no declarada. La lista va, entre otros, desde los aportes de alias Sobrino y del Hombre Malboro hasta los 500 millones de Fecode que, por estar probados de varias maneras distintas, deslegitiman la elección de Petro y enredan a Ricardo Roa, a Dagoberto Quiroga y a los sindicalistas que se prestaron para la triangulación y la trampa. Investigar penalmente a esas personas, no a Petro, es obligación de la Fiscalía. Como lo es la de trasladar al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones los resultados de esas investigaciones.
Y eso es lo que tiene muerto del pánico a Petro. Por un lado, porque la Constitución establece que el hecho probado de “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas […] será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”. Basta con la comprobación del hecho objetivo de la violación de los topes para que tal perdida se produzca, con independencia de la responsabilidad penal que también pueda haber. Por el otro, porque el margen de la Comisión de Acusaciones, otrora todo poderosa en estas materias, es nulo. Probada la violación de los topes, está obligada a proceder contra Petro. Si, además, hay indicios de vulneración del Código Penal, tendrá que activar el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio penal al Presidente.
Lo que protege a las instituciones es el cumplimiento de la Constitución y de la ley, no la defensa de la permanencia de Petro en contra de las evidencias. La victimización de Petro, sus ataques a la Suprema, a la Fiscalía y a la Procuraduría, y su invitación a la “movilización popular" muestran una ruta similar a la de Pedro Castilla, la del autogolpe. O al menos el desconocimiento flagrante de la institucionalidad democrática. En ambos casos, me temo, el resultado será el mismo que en el Perú: la salida del cargo y, todo parece indicarlo, la cárcel.
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