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Por el otro, el año pasado disminuyeron un 42% sus utilidades. Finalmente, hay muchas dudas sobre su gobierno corporativo.
Una compañía petrolera que no busca aumentar sus reservas pierde su valor de manera inevitable. El mercado se pregunta, con razón, sobre la sostenibilidad de la empresa. El golpe ha sido brutal. En la Bolsa de Valores de Colombia, el 31 de mayo del 2022, después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, la acción de la petrolera valía $3.120. El viernes pasado cerró en $2.065. Una desvalorización del 34%. En Wall Street, el 31 de mayo del 2002, el ADR de Ecopetrol cotizaba a US$19,6 y el viernes a US$10,52, un desplome del 46,3%. Durante este gobierno, la compañía ha perdido casi la mitad de su valor. Con esa pérdida, somos muchos más pobres hoy que cuando empezó Petro.
En 2023, los ingresos de la empresa cayeron 10,28% y las ganancias 42,8%, aún más. Las utilidades de 19,1 billones son 14,3 billones menores que las de 22 y los dividendos disminuirán un 47%.
Más grave aún por lo que significa hacia futuro, las reservas probadas de Ecopetrol cayeron un 6,5%, a 1,881 millones de barriles. Apenas reemplazó el año pasado el 48% de los 247 millones de barriles que produjo. La vida media de las reservas cayó a 7,6 años. Y seguirá cayendo si no se hace más exploración. Por supuesto, en ocho años o menos no hay ninguna posibilidad de que se haya hecho la transición energética.
Para rematar, la gobernanza de la compañía está en crisis. Roa, su presidente, está siendo investigado por la financiación ilegal y la violación de topes de la campaña de Petro, de la que fue gerente. Y tiene en su espalda las dudas por la compra a un famoso contratista de Ecopetrol de un lujosísimo apartamento muy por debajo del precio comercial. Y en la junta de la compañía hay una creciente tensión por el afán de Petro y de Roa de incluir en ella a personas sin los conocimientos necesarios.
En fin, en medio de semejante escenario Roa ha anunciado que comprarán gas venezolano a partir del próximo año porque, dice, habrá un desabastecimiento de cerca del 17%. Si tal desabastecimiento se produce será responsabilidad del mismo gobierno y su prohibición de nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Y como resaltó Ricardo Sierra, presidente de Celsia, esa prohibición también trajo como consecuencia que no baje el precio de la energía porque “si se tuviera gas natural abundante y se construyen térmicas que dependen del gas que se produzca en el país, se tendría una mayor estabilidad en las tarifas”. Remató subrayando que “nos sale carísimo importar gas por cualquier frontera”.
El asunto es más grave y nos puede poner en peligro de racionamientos, porque es muy dudoso que Venezuela pueda suplir las necesidades colombianas. Hay un gasoducto transnacional que va de Punta Ballenas en la Guajira hasta la costa oriental del lago de Maracaibo. Empezó a funcionar en 2007. A partir de ese año y hasta 2015 Colombia exportó gas al hermano país. Después Venezuela tenía que enviar gas de allá para acá. Nunca lo hizo. El gasoducto entró en desuso, hoy está inoperativo y necesita una millonaria inversión. Además, Venezuela tiene gravísimos problemas con su red interna y muchas áreas de ese país no tienen gas, de manera que no es factible que puedan exportarnos cuando no son capaces de suplir su necesidades nacionales. Adicionalmente, Ecopetrol no podrá hacer ningún acuerdo con PDVSA si ello supone el riesgo de sanciones por parte de los EE.UU.
Finalmente, no tiene ningún sentido depender del capricho del régimen chavista. Los riesgos para la seguridad nacional serían altísimos. Colombia no puede renunciar a su soberanía energética ni mucho menos dejarla en manos de Maduro. El acuerdo anunciado por Roa para importar gas venezolano es muy mal negocio para el país. Pero puede ser uno muy bueno para algunos contratistas e intermediarios. En un gobierno lleno de pillos y negociados, habría que averiguar quienes están detrás.
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