El proyecto busca la desconexión de las plataformas del servicio comercial electrónico, es decir, darlas de baja de internet, situación que deberá ser vigilada por el Centro Cibernético Policial.

Y agrega que los operadores de estas plataformas, que haga caso omiso y siga prestando sus servicios, tendría una sanción por encima de los 2 mil millones de pesos. 

A su vez, a los conductores infractores, se les retendrá su vehículo, la primera vez hasta 30 días, la segunda vez hasta 60 días y la tercera vez hasta 90 días.

En caso de querer subsanar la sanción, el costo sería de (25) unidades de valor tributario, que por 30 días equivaldría a 28 millones de pesos.

Lo que busca el proyecto es regularizar el servicio público en Colombia, al bloquear y sancionar los servicios alternativos o “piratas” que se ofrecen a través de plataformas como Uber, Didi, Indriver, entre otros.

Sin embargo, el impacto de esto sería directamente contra los conductores que tienen en estas plataformas su ingreso mensual, además que obliga, so pena a una sanción, a los pasajeros a usar los servicios legalmente establecidos.

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