Esta semana se conoció el borrador del decreto que le permitirá al mandatario controlar este sector, es decir, tendrá a cargo de las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

El texto precisa que  las comisiones de regulación continuarían “expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen” en el momento cuando le decreto sea expedido oficialmente y que el presidente podrá solicitarles apoyo técnico a estas comisiones y a otras entidades de cada sector.

También el documento puntualiza que las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta estos lineamientos: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia; pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Peros

La economista María del Pilar López señala que asumir la funciones de una comisión abre la puerta del control de precios con criterios sacados de la manga y sin soporte técnico.

“Las consecuencias serán escasez y reducción de la oferta del servicio. Los usuarios terminaremos pagando el costo con el tiempo”. Asimismo, gremios del sector como Andesco, Asocodis, Acolgen, Andeg, Ser Colombia y Asoenergía manifestaron que regular servicios públicos pone en riesgo inversiones y debilitan la institucionalidad.

Recordaron que la raíz del problema en el mercado es que no hay suficiente expansión, y por tanto los precios marginales no son la mejor elección de formación de precio. 

Entre los detalles del proyecto está que el Presidente podrá solicitar el apoyo técnico de las Comisiones de Regulación y demás entidades de cada sector.

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