Dueños de Taringa podrían ser condenados a seis años de prisión

Quizá el más famoso portal latinoamericano de descargas sería la nueva baja en la lucha mundial contra la piratería. Los dueños de Ta­ringa.net están a punto de empezar su juicio en Argentina.

Con agencias
La persecución mundial contra los sitios de descargas ilegales, que comenzó con el sonado caso de la detención de Kim Dotcom, propietario de MegaupLoad, tiene ahora su versión latinoamericana.

En efecto, la página de descargas más conocida y frecuentada en nuestro continente y quizás en todos los países de habla hispana, taringa.net, muy pronto tendrá que acudir a los tribunales, en lo que podría traducisre en el comienzo del fin de su existencia en la Red.

Juicio oral y público
Las agencias han informado que los dueños del portal argentino Taringa serán sometidos a un juicio oral por permitir descargas ilegales, en el que será el primer proceso de estas características en ese país.

La fiscal Felisa Krasucki pidió al juez Eduardo Daffis Niklison el envío a juicio oral y público de Matías y Hermán Botbol y Alberto Nakayama, quienes podrían ser condenados a hasta seis años de prisión, por supuestamente permitir la descarga de música, libros y películas protegidos por derechos de autor.

“Los imputados, a través de su sitio, permitían que se publiciten obras que finalmente eran reproducidas sin consentimiento de sus titulares”, indicó la Cámara del Crimen al confirmar la petición de la fiscal.

Facilitadores
El tribunal consideró que los imputados son “al menos partícipes necesarios” del intercambio entre las personas que suben archivos con contenido protegido por derechos de autor y los que los descargan, ya que el encuentro entre unos y otros se produce en su página web.

Pese a que los contenidos protegidos podrían estar alojados en servidores ubicados fuera del territorio argentino, la fiscalía argumenta que tanto la página web como sus dueños tienen domicilio en Argentina.

Por su parte, los responsables de Taringa publicaron un escueto comunicado en el que informaron que las actuaciones conocidas se tratan de “los mismos procesos judiciales que ya fueron informados durante el año pasado”.

“La Cámara Nacional de Casación Penal no ha definido si el hecho investigado constituye delito alguno”, agregaron, para asegurar que siempre han estado “a disposición de la justicia” y lo seguirán haciendo en “cualquier nueva instancia del proceso”.

Credito
JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ

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