Colprensa le cuenta la historia del grupo familiar detrás de esta organización criminal, quienes ingresaron al país ilegalmente, al menos, 11 mil millones de cigarrillos que evadieron impuestos y simularon exportaciones, para luego cobrar devoluciones del IVA.

En cuanto a los licores, las autoridades establecieron que ingresaron bebidas alcohólicas dentro de la Zona de Régimen Especial, bajo el mismo modus operandi. Asimismo, realizaron distribuciones nacionales.

Movimientos bancarios

“La alerta la tuvo la Uiaf, que hace un año detectó que una de las personas involucradas tenía registrado un patrimonio de 10 millones de pesos y lograba realizar transacciones bancarias por más de 58 mil millones de pesos, lo cual alertó y mostró que se estaba frente a una acción ilegal”, contó uno de los investigadores del caso.

En un trabajo conjunto entre la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Hacienda, se decidió infiltrar a un uniformado, quien durante seis meses se hizo pasar como un comerciante que quería entrar en el negocio.

“El uniformado logró detectar que las empresas importaban cigarrillos de marcas que no estaban autorizados para ingresar al país y utilizaban hasta los buses intermunicipales para distribuir millones de cajetillas de cigarrillos de Maicao, en La Guajira, y trasladarlos, principalmente, a los San Andresitos del territorio nacional”, relató el investigador.

Las autoridades lograron detectar que los cabecillas de esta organización eran Yohani Marlén Franco Ramírez y Óscar Mario Roro Henao, quienes aparecen como los dueños de las empresas Inversiones Toro Franco SAS., Provisiones Anymar LTDA., Portobello y Provisiones Siglo XXI.

“Estos tenían muy bien organizado el negocio, pues cada uno tenía una empresa legalmente constituida y así mismo la tenían otros familiares, quienes terminaban cometiendo el ilícito, pues se les encontraron facturas de exportación falsas a nombre de personas que figuraban con ciudadanía venezolana y documentos de la Dian adulterados para simular las operaciones”.

También fue capturado José Maestre Díaz, un cantautor y dueño de las importadoras Provisiones Jogui, Comercial Hobby y la Bodega Provisiones Jogui. Otros detenidos fueron: Jenifer Toro, Yuris Cuadrado, Jaime Gil Toro, Diego Roa, Osneidis González, Aderin José Gómez Polanía y Norbis Estela Bernal y Óscar Parra Rivera, que tenían como función maquillar los registros de las empresas.

También un patrullero de la Policía, señalado de permitir que la mercancía saliera de la zona libre de impuestos hacia el mercado nacional.

“La organización, por cabecillas, ya quedó desmantelada, pero vamos a seguir con las investigaciones, pues está claro que estas personas para lograr sus negocios de contrabando, necesariamente tuvieron que contar con apoyo de funcionarios del Estado y no vamos a descansar hasta que estos también sean capturados”, dijo el investigador, que estuvo durante doce meses al frente de este caso.

Los detenidos, con las ganancias obtenidas, compraron hoteles, restaurantes y hasta un parque temático en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), conocido como el Centro Recreativo Valle de Eli, propiedades a las que la Fiscalía les inició un proceso de extinción de dominio, además de hacerles seguimiento a las cuentas bancarias dentro y fuera del país

Un presidente en el negocio

La ruta del tráfico incluía China, Panamá, Aruba, Curazao, Uruguay y Paraguay. Las principales zonas de afectación en el país son Antioquia, la Costa Caribe, los santanderes, Bogotá y el Eje Cafetero.

Los cigarrillos eran producidos en Paraguay y Uruguay. La mercancía era trasladada a las islas de Curazao y Aruba y desde allí al municipio de Maicao (La Guajira), aprovechando que este municipio hace parte de una Zona de Régimen Aduanero Especial (ZRAE), hecho que permite realizar este tipo de importaciones pagando un impuesto muy bajo por el tránsito, puesto que la mercancía ingresa para ser reexportada hacia Venezuela, por lo general.

Esta misma situación se presentaba con el ingreso de grandes cantidades de cigarrillos procedentes de Panamá, esta vez de empresas chinas establecidas en ese país.

El fraude consistía en el envío de la mercancía a distintas zonas del territorio nacional, de manera clandestina, pero dándole apariencia de legalidad a través de simulación de exportaciones al vecino país y utilizando documentación falsa.

“Uno de los hechos que llamó la atención es que la mayoría de la mercancía provenía de la Tabacalera del Este (Tabesa), la empresa del presidente paraguayo, Horacio Cartes”, dijo una fuente de Fiscalía, quien afirmó que no se descarta iniciar investigaciones con autoridades extranjeras para esclarecer estos vínculos.

Cabe recordar que en abril del año pasado el gobernador del departamento de Bolívar, Juan Carlos Gossaín, presentó una demanda contra Tabesa, acusándola de promover el comercio de cigarrillos de contrabando en Colombia.

“La afectación en cuanto a los recursos que se están dejando de percibir le están ocasionando daño a sectores como la salud pública”, denunció en su momento Gossaín, al señalar que el ingreso de cigarrillos de contrabando a la Costa Caribe superaba el 50 por ciento del consumo en esta región.

Tabesa, que es una de las principales empresas productoras de cigarrillos en Paraguay, levanta sospechas porque la industria del tabaco en el país produce cerca de 25 veces la cantidad de cigarrillos que se necesitan para abastecer el mercado legal interno.

Una parte significativa de los cigarrillos restantes terminan en diferentes mercados negros a lo largo de Latinoamérica.

Cartes ya ha sido investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por lavado de activos a través de sus empresas en Latinoamérica.

Datos del proceso 

- La Fiscalía, ante un juez de Valledupar, imputó cargos a los catorce detenidos, por los delitos de: lavado de activos en concurso heterogéneo con concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica en documentos privados, cohecho, exportación e importación ficticias. Pidió las detenciones en centro carcelario.

- El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que entre 2007 y 2013 la red de contrabando dejó de pagar más de 465.686 millones de pesos en impuestos como IVA, perjudicando los recursos que por estos conceptos se transfieren a la salud, al deporte y a la educación.