Según la investigación que ha adelantado el Ministerio Público, la señora Rodríguez de Álvarez presuntamente cometió irregularidades al revocar una resolución que otorgaba un permiso de instalación de postes de concreto, un transformador y líneas electrónicas de alta tensión.

Dicha revocatoria presuntamente no contó con el consentimiento expreso y escrito del titular de la propiedad en donde se otorgó el permiso, por lo que se habría violado con el debido proceso, según lo establece la ley.

Con el comportamiento, la investigada presuntamente incumplió el Código Disciplinario Único, artículo 34, que establece como deber de todo servidor público cumplir con la Constitución y las leyes, así como el artículo 35 que prohíbe incumplir sus deberes o extralimitar sus funciones.

También habría vulnerado el Código Contencioso Administrativo, en su artículo 73, que indica se debe contar con un consentimiento expreso y escrito del titular cuando un acto administrativo cree o modifique una situación jurídica o un derecho de igual categoría; y el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia que establece se debe seguir el debido proceso.

El Ministerio Público calificó, de manera provisional, la falta como gravísima a título de culpa gravísima.